Los Presupuestos Generales del Estado son la puerta de una gobernabilidad tranquila. Un pasaporte necesario para sacar adelante proyectos, propuestas, leyes; en definitiva, aporta la credibilidad y la solidez a un Gobierno con los apoyos suficientes para transitar por la legislatura sin mayores lastres. No resulta sostenible aquello de que "no sería ningún drama" el supuesto y posible caso de contar con un rechazo parlamentario. Sí lo es, a todos los efectos. En el caso del Gobierno de España, recordemos, está gobernando con los presupuestos prorrogados anteriores a las inéditas elecciones del verano de 2023.

Los proyectos de Presupuestos están encima de la mesa de negociaciones de los gobiernos nacional y autonómico. En el caso de Castilla y León, tras el pleno de la pasada semana, hay teorías que apuntan a que VOX pasaría su particular factura de venganza tumbando al PP a costa de alinearse en el mismo sentido del voto que el PSOE. Esto, que puede parecer inaudito, entra dentro de lo posible teniendo en cuenta el caos general que se ha instalado en los esquemas de García Gallardo, antes vicepresidente de la Junta y ahora portavoz en la oposición del partido que pactó y apoyó la investidura de Fernández Mañueco como presidente. Si VOX apunta en esta dirección poco menos que estaría firmando su carta de despedida como fuerza política relevante en la Comunidad. Y ya conocemos casos, singularizados en la figura de Francisco Igea como náufrago de la deriva de Ciudadanos, solitario en la amalgama del Grupo Mixto y relegado a un papel de pintoresco orador en los plenos para aludir, por ejemplo, al pasado del padre de Mañueco en la Alcaldía de Salamanca como brillante aportación o ocurrencia a su escaso tiempo de intervención desde la tribuna de oradores.

Tras quedarse sólo en la presentación de la Ley de Concordia, pactada en su momento con el PP pero ahora rechazada con todos los grupos en contra, la posición de VOX en la Comunidad se complica a caballo entre la lógica ideológica y su deseo irreflenable de cobrarse venganza política. Alinearse con el PSOE para tumbar los presupuestos del Partido Popular no sería muy sencillo de encajar entre una militancia que todavía no entiende por qué ya no forman parte de los gobiernos autonómicos y por qué se plantean el mismo escenario para los pactos municipales. Si García Gallardo juega la carta del seguidismo nacional que marca VOX desde Madrid, su partido tendra un futuro con un complicado encaje relevante en Castilla y León.

Eso por aquí. Porque en términos nacionales la clave vuelve a estar en Junts y en su capacidad inagotable de chantajear al Gobierno de España. Pedro Sánchez es su rehén, pero los Presupuestos no pueden seguir prorrogrados. El presidente y el PSOE ya han mostrado y demostrado que no tienen complejos para plantear alianzas equilibristas y ahora afrontan el nuevo órdago de Puigdemont. No, el Gobierno de España no puede plegarse ante un prófugo que busca una foto en Waterloo para rentabilizar una posición de debilidad tras quedarse sin Amnistía y sin Generalitat.