El sindicato CSIF reclama a la Junta de Castilla y León la puesta en marcha de brigadas de investigación de incendios forestales, una propuesta que fue aprobada a través de una moción en las Cortes autonómicas en 2018, sin que se haya llevado a efecto, y que permitiría resolver en poco tiempo las causas de un fuego forestal.

El sindicato plantea la creación de unos equipos de trabajo compuestos por agentes medioambientales especialista que, "desde el minuto cero", puedan resolver las causas del inicio de un fuego, tras incendios como los ocurridos en Trabazos (Zamora) y El Villar de Santiago (León), en los que se investiga la intencionalidad.

Para CSIF es necesario "desempolvar" una iniciativa que consideran necesaria, al tiempo que reclaman la puesta en valor de la condición de autoridad de los agentes medioambientales y sus competencias como policía administrativa y judicial, de conformidad con la Ley de Montes.

En la nota, el sindicato lamenta el "desprecio y descrédito que, una y otra vez, muestra la Junta hacia sus funcionarios de Medio Ambiente", y critica que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, "olvide" esas labores de investigación que realizan los agentes medioambientales, al igual que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"La realidad es que, desde el mismo momento en que un incendio se estabiliza, los agentes medioambientales reciben la instrucción de llevar a cabo, a la mayor brevedad posible, el informe de investigación de causas, que es el informe técnico pericial por el que se determina la causa real y el origen del incendio", han explicado.

Para la organización sindical urge activar y potenciar el trabajo de los agentes medioambientales, que están preparados y especializados, a través de unas brigadas bien reguladas, para que a la vez que se acude a extinguir un incendio se realicen también las gestiones y acciones de investigación desde el primer momento.

Así se podrá evitar también la contaminación o desaparición de posibles pruebas que permitan determinar la existencia de un posible delito medioambiental. FUENTE: EFE