Partido Popular y VOX han escenificado uno de los acuerdos prioritarios de su pacto de Gobierno en Castilla y León. El registro en las Cortes de Castilla y León de la Proposición de Ley de Concordia ha abierto la caja de truenos en la izquierda, colocando de nuevo a la Comunidad en el centro del foco mediático.

Analizando el texto propuesto, la Ley incluye la creación de una Comisión de Exhumaciones que sustituye al Consejo Técnico de la Memoria Histórica y que, tras la aprobación de esta norma, tendrá la capacidad de resolver las solicitudes para la localización y exhumación de fosas. También pretende otorgar el mismo tratamiento a todas las víctimas políticas del periodo comprendido entre 1931 y 1978, con lo que se amplían los años que se incluyeron en el Decreto de Memoria Democrática aprobado por la Junta en 2018 donde se acotaba a las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y dejaba fuera a las de la II República. Otra de las aportaciones es que incluye el derecho subjetivo de todas las víctimas a la "investigación, localización, exhumación e identificación de sus restos".

La Ley de Concordia surge después de dos años de negociaciones entre los dos partidos que conforman el Gobierno de la Comunidad y su anuncio no puede entenderse en otro contexto que la obligación que nace del pacto entre PP y VOX para gobernar en la Junta. Estratégicamente no llega en el mejor momento para los populares, que gozaban de una razonable tranquilidad mediática con una coalición controlada y un socio que cotiza a la baja. La puesta en escena de esta Ley ha forzado al presidente Fernández Mañueco a una indeseada exhibición teniendo que aclarar aquello de "el franquismo fue una dictadura", innecesario en términos obvios, pero obligado para desmarcarse de algo que le pueda identificar con VOX y lo que pueda representar la ideología de un partido necesitado de golpes de efecto. A fin de cuentas, esta Ley ha servido para revitalizar mediáticamente a Juan García Gallardo, un vicepresidente absorbido o fagocitado por la maquinaria del PP, que le ha prestado un espacio de oxígeno para hacerse notar con algo que ideológicamente entronca con el origen de VOX.

La controversia la sirve el Gobierno de España con su decisión de llevar al Tribunal Constitucional estas leyes autonómicas de Memoria Democrática, en el caso de Castilla y León denominada como Ley de Concordia, que también han propuesto otras comunidades como Aragón o Valencia. El Gobierno considera que van contra la Ley estatal que regula esta materia y el PSOE añade que rompen "todos los consensos de la Transición" y "blanquean al franquismo".

No se trata de discutir estas leyes; tiempo habrá para profundizar en todo su contenido y analizarlo desde un punto de vista sosegado. Pero lo que no se entiende es el momento político elegido. Si es una estrategia conjunta del Partido Popular, el error es mayúsculo ya que alimenta una polémica en medio del revuelo por el caso Koldo, lo que se va conociendo de Begoña Gómez y las comisiones de investigación en marcha con varios procesos electorales a la vuelta de la esquina. En la peor situación del Gobierno de Pedro Sánchez, con una presidenta de Las Cortes arrinconada por la gestión de las mascarillas en Baleares, Núñez Feijóo regala estas leyes de la discordia quizá pensando que iban a tener menos ruido entre tanto escándalo. El presidente popular no acaba de entender cómo funciona la factoría de la izquierda socialista, perfectamente engrasada y siempre a punto para aprovechar cualquier concesión como este error de jugar ahora a remover una Memoria Histórica que, por ejemplo en Castilla y León, su partido ya apoyó aprobando una Ley con la presidencia de Juan Vicente Herrera, una de las referencias políticas de un incomprensible Núñez Feijóo.