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Tutela efectiva

Por Sandra Pacho

La ampliación del plazo de garantía de los productos en España


El pasado 28 de abril de 2021 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley 7/2021, cuya finalidad, entre otras, era la de transponer las Directivas Europeas 2019/770 y 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2019, relativas a la regulación de las garantías y derechos de los consumidores y usuarios.

 

En lo que a consumidores y usuarios se refiere, la novedad más señalada es la ampliación del plazo legal de garantía de los bienes o productos vendidos a partir del 1 de enero de 2022 que pasan de dos a tres años, y para los servicios y contenidos digitales se fija en dos años.

 

De otro lado, y en cuanto a los productos adquiridos de segunda mano, se establece que si bien el comprador y el vendedor podrán acordar un periodo de garantía menor a tres años, este nunca podrá ser inferior a un año.

 

En todo caso, debemos recordar que el fabricante puede ofrecer al consumidor condiciones más ventajosas a través de su propia garantía comercial.

 

Otra novedad importante, es que con la finalidad de alargar la vida útil de los productos, intentar reducir el impacto medioambiental, y como parte de la lucha contra la obsolescencia programada, se amplia de cinco a diez años, el periodo de tiempo en el cual los fabricantes deberán garantizar tener piezas de repuesto de los productos. Este plazo empieza a computar desde que el bien o producto dejara de fabricarse.

 

Finalmente, otra importante novedad se centra en la ampliación del plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar la falta de conformidad, es decir el periodo en el cual el consumidor no tendrá que acreditar la falta de conformidad con el producto, pues se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los dos años siguientes a la entrega del bien ya existían cuando el bien se entregó.

 

De esta manera se amplía este plazo desde los seis meses hasta los dos años.

 

Todas estas novedades, que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2022 suponen una grata y esperada noticia para los consumidores, y un paso más en la lucha y defensa de los derechos de los consumidores.