Durante años, entrar sola en un portal se convirtió en un gesto cargado de miedo para miles de mujeres en Valladolid, Burgos y Salamanca. A comienzos de los años noventa, mientras España atravesaba la modernización posterior a la Transición y se preparaba para proyectar al mundo la imagen optimista de la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, otro país mucho más oscuro convivía bajo la superficie: el de las agresiones sexuales seriales, la inseguridad urbana y una justicia todavía poco preparada para determinados perfiles criminales.

En ese contexto apareció uno de los delincuentes sexuales más violentos de la crónica negra española: Pedro Luis Gallego Fernández, conocido para siempre como 'el violador del ascensor'.

Su historial incluía dos asesinatos, de Leticia Lebrato y Marta Obregón, además de dieciocho agresiones sexuales probadas, secuestros, tentativas de violación y numerosos ataques más que nunca llegaron a esclarecerse judicialmente.

Pedro Luis Gallego nació en Valladolid en 1957. Estudió Formación Profesional de mecánica y trabajó como ascensorista, un detalle aparentemente menor que acabaría convirtiéndose en parte esencial de su modus operandi. Conocía el funcionamiento interno de edificios residenciales, los accesos a portales y la vulnerabilidad de los espacios cerrados donde actuaría más tarde.

Sus antecedentes comenzaron mucho antes de los asesinatos que lo harían famoso. Ya en 1979 ingresó en prisión por delitos sexuales. Durante los años ochenta acumuló nuevas condenas por agresiones y abusos. En 1987 fue condenado nuevamente a diez años de cárcel por una violación, aunque cumplió aproximadamente la mitad de la pena gracias a beneficios penitenciarios y reducciones de condena habituales en la legislación de la época.

La reincidencia fue constante. Los investigadores terminarían definiéndolo como un agresor sexual compulsivo, extremadamente violento y con una clara escalada criminal. Las víctimas eran generalmente mujeres jóvenes, muchas veces estudiantes o adolescentes, seleccionadas por vulnerabilidad y oportunidad.

La prensa acuñó el sobrenombre porque buena parte de las agresiones seguían un patrón muy similar. Pedro Luis Gallego aprovechaba su experiencia laboral para acceder sin levantar sospechas a edificios residenciales. Esperaba a sus víctimas en portales, rellanos o ascensores y las atacaba en espacios cerrados donde resultaba difícil pedir ayuda o escapar.

En ocasiones utilizaba armas blancas o pistolas para intimidarlas. Otras veces las obligaba a subir a vehículos y las retenía durante horas antes de abandonarlas. Muchas de las víctimas jamás denunciaron por miedo o vergüenza, algo frecuente en la España de los años ochenta y principios de los noventa.

Las investigaciones posteriores llegaron a atribuirle dieciocho agresiones sexuales probadas, aunque diversos informes policiales y reconstrucciones periodísticas apuntaron a un número potencialmente mucho mayor. Algunas estimaciones hablaban de más de cincuenta ataques solo en Valladolid y otros tantos en Salamanca.

El asesinato de Marta Obregón

El 22 de enero de 1992 desapareció en Burgos Marta Obregón Rodríguez, estudiante universitaria y miembro activo de grupos católicos juveniles. Aunque algunos artículos posteriores difundieron erróneamente que tenía 19 años, las fuentes hemerográficas de la época la sitúan en 22.

Marta regresaba a casa cuando fue secuestrada. Días después, un camionero encontró su cadáver junto a una carretera cercana a Villagonzalo Pedernales. La autopsia reveló una extrema violencia: múltiples puñaladas en el tórax y claros signos de agresión sexual.

La investigación acabó relacionando a Pedro Luis Gallego con el crimen gracias a pruebas biológicas y testimonios que lo situaban en Burgos durante aquellas fechas. El asesinato conmocionó profundamente a la ciudad. Marta Obregón era conocida en ambientes religiosos y universitarios, y su muerte tuvo una enorme repercusión emocional y mediática.

Décadas más tarde incluso se inició un proceso eclesiástico para estudiar su posible beatificación, debido a la resistencia que, según algunas reconstrucciones judiciales y religiosas, habría ofrecido frente a la agresión sexual.

Leticia Lebrato: el crimen que desató la caza policial

Solo seis meses después, el terror volvió a golpear Castilla y León. El 19 de julio de 1992 desapareció Leticia Lebrato, una joven de 17 años que pasaba unos días en Viana de Cega, en Valladolid. Poco después apareció muerta en un pinar cercano a Boecillo. Había sido violada, brutalmente golpeada y apuñalada once veces; una de las cuchilladas le perforó un pulmón.

La brutalidad del crimen provocó una enorme presión social y política sobre las fuerzas de seguridad. Para entonces, la Policía ya sospechaba que numerosas violaciones ocurridas en Castilla y León podían estar conectadas.

La investigación condujo rápidamente hacia Pedro Luis Gallego. Cuando los agentes intentaron detenerlo en Medina del Campo, logró escapar tras una fuga armada en la que robó un vehículo y consiguió desaparecer temporalmente. Durante semanas se convirtió en uno de los hombres más buscados de España. Finalmente fue detenido en noviembre de 1992 en La Coruña, cuando acudía a recoger dinero enviado por su familia.

ADN, violencia serial y condenas históricas

El caso coincidió con los primeros grandes avances de las pruebas de ADN en España. Los análisis biológicos resultaron decisivos para vincular distintas agresiones sexuales y reforzar las acusaciones por asesinato.

Pedro Luis Gallego fue condenado por dos asesinatos, dieciocho agresiones sexuales, tentativas de violación, robo con violencia y tenencia ilícita de armas. La suma de condenas superó ampliamente los doscientos setenta años de prisión; algunas fuentes elevaron la cifra hasta los 328 años debido a la acumulación de delitos conexos.

Sin embargo, la legislación española establecía límites máximos efectivos de cumplimiento. Aunque la condena simbólica sumara siglos, la estancia real en prisión rondaba los treinta años.

Inicialmente, su salida de prisión estaba prevista para 2008. Sin embargo, la aplicación de la llamada doctrina Parot retrasó su excarcelación hasta 2022 al modificar el sistema de beneficios penitenciarios.

Todo cambió en 2013, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló la aplicación retroactiva de dicha doctrina. Como consecuencia, Pedro Luis Gallego quedó en libertad ese mismo año.

La noticia provocó indignación pública, especialmente en Castilla y León. Las familias de las víctimas criticaron duramente que un delincuente condenado por asesinatos y múltiples violaciones pudiera regresar a la calle tras apenas dos décadas efectivas de prisión.

La reincidencia

El temor se confirmó pocos años después. En 2017, la Policía volvió a detener a Pedro Luis Gallego tras varias agresiones sexuales cometidas en Madrid y Segovia. Según la investigación, abordaba a mujeres jóvenes en los alrededores del Hospital La Paz, las amenazaba con armas y las trasladaba a una vivienda donde cometía las violaciones.

Su arresto reabrió un debate nacional sobre la reincidencia de delincuentes sexuales extremadamente violentos y sobre las limitaciones del sistema penal español para gestionar perfiles criminales de alta peligrosidad.

Más de treinta años después de los asesinatos de Marta Obregón y Leticia Lebrato, el nombre de Pedro Luis Gallego continúa siendo uno de los símbolos más oscuros de la criminalidad sexual en España.

No solo por la violencia de sus crímenes, sino por el impacto psicológico que dejó en varias generaciones de mujeres que aprendieron a desconfiar de espacios cotidianos como portales, ascensores, rellanos... convertidos de pronto en escenarios potenciales de terror.

La historia del 'violador del ascensor' también refleja las contradicciones de una época: una sociedad que empezaba a modernizarse rápidamente mientras todavía arrastraba enormes carencias en protección a víctimas, investigación de delitos sexuales y tratamiento penitenciario de agresores reincidentes.

Y sobre todo dejó una pregunta que sigue apareciendo cada vez que España debate sobre reincidencia y penas penales: qué hacer cuando alguien demuestra, una y otra vez, que jamás ha dejado de ser peligroso.