Vuelta de tuerca al asesinato de dos jesuitas vallisoletanos de la Universidad Centroamericana

Eloy Velasco, en comparecencia ante los medios en una visita a Valladolid. BORIS GARCÍA

El juez Eloy Velasco vuelve a ordenar la detención de 17 exmilitares salvadoreños por el asesinato de varios jesuitas de la Universidad, entre los que estaban los dos vallisoletanos.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a ordenar la detención de 17 exmilitares de El Salvador a los que procesó en mayo de 2011 por el asesinato de los jesuitas españoles -entre los que estaban dos vallisoletanos- de la Universidad Centroamericana, quienes murieron junto a otro sacerdote salvadoreño y una madre y su hija adolescente el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

 

El magistrado, que les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, ha adoptado esta decisión ante el "giro jurisdiccional" observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.

 

La petición de detención y extradición a las autoridades españolas, que ha sido comunicada a Interpol, Sirene y la Dirección General de la Policía Nacional Civil de El Salvador, afecta, entre otros, al exministro de Defensa Nacional Rafael Humberto Larios y a los que eran viceministros de Seguridad Pública, Inocente Orlando Montano, y de Defensa Nacional, Juan Orlando Zepeda.

 

 A iniciativa de la Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia, el juez también reitera la petición de detención del general Juan Rafael Bustillo; los coroneles Francisco Elena, Joaquín Arnoldo Cerna, Óscar Alberto León y Carlos Mauricio Guzmán; y el teniente Héctor Ulises Cuenca.

 

Además, pide la entrega del director de la Escuela Militar 'Capitán General Gerardo Barrios', el coronel Guillermo Alfredo Benavides, que dio la orden de cometer los asesinatos; y siete miembros del batallón 'Atlacatl', que los llevó a cabo: el teniente José Ricardo Espinoza, el subteniente Gonzalo Guevara, los cabos Óscar Mariano Amaya y Ángel Pérez Vásquez, los sargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate y el soldado José Alberto Sierra.

 

CAMBIO DE POSICIÓN DE EL SALVADOR

 

El 24 de agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de las órdenes de detención y extradición con código rojo solicitadas por el juez Velasco a la "búsqueda y localización de los procesados pero no a la captura de los mismos", por lo que ésta se denegó a las autoridades españolas.

 

Sin embargo, el 24 de agosto 2015 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano reconoció "el carácter que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley".

 

El pasado 30 de diciembre la Audiencia Nacional recibió un correo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en los que manifestaba su disconformidad con la resolución inicial denegatoria dictada por la Corte Suprema de Justicia.

 

"DESARMADOS Y EN PIJAMA"

 

El juez detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de "intensa polarización" entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como mediadores entre ambas partes para un "proceso de diálogo" y fueron acusados, en virtud de su afinidad con la teología de la liberación, de incitar a los campesinos a "una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin".

 

La decisión de acabar con la vida de Ellacuría y de los vallisoletanos Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, el burgalés Amando López, el navarro Juan Ramón Moreno y el salvadoreño Joaquín López y López fue adoptada por un grupo de oficiales de élite denomina La Tandona y ejecutada por el coronel Benavides, que dio la orden a los miembros del batallón 'Atlacatl'.

 

El asalto, que se llevó a cabo después de que los servicios de inteligencia alertaran de la supuesta presencia de un centenar de "terroristas" en la Universidad Centroamericana, se produjo cuando los sacerdotes, "algunos bastante mayores", estaban "desarmados" y se encontraban en "pijama", según confesó el sargento Antonio Ramiro Ávalos, alias 'Satán', que para participar en la operación tuvo que recordarse a sí mismo que estaban actuando contra "delincuentes" y eran sus "cerebros los que importaban".