Vodafone fue la compañía más denunciada durante 2012 por los usuarios en FACUA

Vodafone

Se trata además del operador móvil peor valorado por sus clientes, según la última encuesta realizada por la asociación.

Los abusos y fraudes de Vodafone la han convertido en la compañía de telecomunicaciones más denunciada por los usuarios en FACUA-Consumidores en Acción durante 2012.

 

La multinacional británica es también la empresa con más denuncias en el balance global de FACUA, donde las irregularidades en el sector de las telecomunicaciones acaparan una de cada tres reclamaciones planteadas por los consumidores (el 35,1%), ante la pasividad del Gobierno y las comunidades autónomas.

 

Vodafone es además el operador de telecomunicaciones móviles peor valorado por sus clientes, según la última encuesta realizada por FACUA.

 

El 33% de los afectados por abusos o fraudes en telecomunicaciones fijas y móviles que se dirigieron a FACUA para solicitar asesoramiento o tramitar una reclamación tenían problemas con Vodafone, cuatro puntos menos que en en el balance del año anterior.

 

En segundo lugar, la española Movistar, con el 29% de las consultas y reclamaciones sobre telecomunicaciones, con tres puntos menos que en 2011. Tras ella, la teleco francesa France Telecom, que provocó el 19%, dos puntos menos que el año anterior.

 

La cuarta empresa de telecomunicaciones del balance de FACUA es Ono, con el 8%, dos puntos más que un año atrás. Y en quinto lugar, Jazztel, con el 5%, que sube un punto.

 

Lo más denunciado

 

Los principales motivos de las denuncias son los incumplimientos de ofertas comerciales, altas en servicios no solicitados, envíos de facturas después de que los usuarios hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia, junto al cobro de llamadas no realizadas y retrasos en la tramitación de altas.

 

FACUA critica la pasividad de los ministerios competentes en materia de protección al consumidor y telecomunicaciones -Sanidad e Industria- y las autoridades autonómicas ante las graves irregularidades que sufren los usuarios de telecomunicaciones. No hay controles suficientes ni sanciones contundentes contra los fraudes de las compañías.

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