¿Vigilantes privados para los ríos?

Un pescador de cangrejos en el inicio de la veda.

La nueva Ley de Pesca confiere a vigilantes de asociaciones colaboradoras labores como poner sanciones de hasta 10.000 euros. El sindicato advierte que impugnará la nueva normativa.

El sindicato CSI-F ha criticado la propuesta de la Junta de Castilla y León incluida en el proyecto del Reglamento de Pesca de contar con vigilantes pertenecientes a asociaciones colaboradoras en lo que ha considerado una privatización encubierta de la vigilancia de la pesca en ríos y embalses. Según ha advertido el sindicato, con la contratación de vigilantes privados no se dan garantías suficientes al pescador y pueden propiciarse intereses particulares y usos privativos por lo que ha exigido que la vigilancia las realicen los funcionarios, entre otros, los agentes medioambientales, "que tienen autoridad y garantías jurídicas para ello".

 

Tras calificar de "esperpento" el reglamento que habilita vigilantes voluntarios que no pertenecen al personal de la administración pública, el sindicato ha advertido de que las denuncias de este colectivo carecerá de valor probatorio "y de la objetividad, imparcialidad e independencia que se debe garantizar a los pescadores y a los ciudadanos en general"

 

"Es inconcebible que unos vigilantes que no están regulados por la Ley de Función Pública y, ni tan siquiera, por la normativa estatal en materia de seguridad privada sean reconocidos por la normativa de Pesca de Castilla y León y se les vaya a permitir requerir los datos personales de quienes disfruten del río y exigir que le muestren lo que lleva en sus bolsillos, en sus cestas, bajo la amenaza de enfrentarse a una sanción de 3.000 a 10.000 euros", han argumentado desde CSI-F.

 

El sindicato ha advertido además de que el Reglamento que se quiere aprobar restringe el acceso al puesto de vigilante de pesca exclusivamente a aquellas personas pertenecientes a las asociaciones colaboradoras de pesca, "entidades que son las que pondrán y quitarán los vigilantes", en una vigilancia alternativa que controlará tramos concretos de los ríos, "por lo que se crean las condiciones para propiciar un uso privativo del dominio público hidráulico".

 

Entre los beneficios para estas asociaciones, la administración contempla la aprobación de ayudas, "por lo que estas pervertidas labores de vigilancia pueden financiarse con un dinero público, que se necesita para sacar del completo abandono y dotar de medios, personal o incluso de gasolina a la Escala de Agentes Medioambientales".

 

En caso de aprobarse esa vigilancia, los servicios jurídicos de CSI-F estudian la impugnación por lo que el sindicato ha pedido que se sumen "todos aquellos pescadores y asociaciones críticas con la forma de regular la pesca que está llevando a cabo la Junta de Castilla y León". El plazo para aportar opiniones y valoraciones al Proyecto de Reglamento de La Ley de Pesca de Castilla y León finaliza el 24 de mayo.

Noticias relacionadas