Valladolid ingresará 300.000 euros más por la investigación del Catastro

Hacienda analiza desde 2014, gracias a imágenes por satélite y a drones, parcelas cuyo valor pueda ser superior al que declaran sus propietarios, lo que afecta al cobro del IBI, el principal impuesto municipal.


 

El IBI, impuesto que grava la posesión de inmuebles, depende de cada municipio. El Ayuntamiento, dentro de una normativa general, fija sus propias tarifas y los modos de pago. La base imponible depende del valor catastral (el valor del suelo más el de la construcción levantada sobre ello), y el tipo de gravamen oscila según si son bienes urbanos y rústicos, y las características de cada uno de ellos. Además existen una serie de bonificaciones que pueden abaratar la cuota anual.

La inspección del Catastro, llevada a cabo a nivel nacional desde 2014 y que ha destapado un fraude en casi 1,7 millones de viviendas, permitirá a Valladolid recaudar entre 200 y 300 mil euros más por las fincas que se sospechan pueden no estar cumpliendo correctamente con el correspondiente pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al no declarar todo el valor catastral.

 

El Ministerio de Hacienda, Administración de quien depende la Dirección General del Catastro, se ha valido de drones e imágenes por satélite para revisar, de momento, la evolución de más de 4.000 municipios. En su conjunto se han detectado 1,7 millones de inmuebles que no tributaban debidamente, lo que supone una inyección de 1.250 millones extras para el conjunto de los Ayuntamientos, según las cuentas del Ministerio. La investigación no es definitiva ya que se prolongará hasta, al menos, finales de noviembre de 2016 por lo que las cifras probablemente aumentarán.

 

En Valladolid, según ha detallado el concejal de Hacienda Antonio Gato, la “revisión selectiva afecta en 2016 a unas 1.200 fincas” lo que puede suponer que, una vez hechas las correcciones oportunas y señaladas las que no cumplían con la Ley, el Ayuntamiento ingrese entre 200 y 300 mil euros más. La aplicación de la normativa tendrá carácter retroactivo hasta cuatro años.

 

Según indica Gato, la mayoría de estas viviendas revisadas son consecuencia de reformas de ampliación y no de nueva construcción. En total en Valladolid hay 250.000 unidades urbanas, lo que supone que al año la ciudad ingrese en concepto de IBI en torno a los “70 millones de euros, el impuesto principal del que se nutre la administración local y el único cuya recaudación, durante los años de crisis, “se ha mantenido estable e incluso ha subido”.