UPyD en Castilla y León apoya la creación de plataformas de afectados por preferentes y subordinadas

La formación magenta incide en la necesidad de los afectados se hagan ver, "frente al ninguneo de los partidos de las Cortes regionales"

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León apoya la creación de plataformas de afectados por la compra de acciones preferentes y subordinados en las cajas de ahorro y bancos que operan en la región.


"La visibilidad ante esta estafa generalizada, en la que se ha contravenido la Ley de Cajas de Castilla y León o en la que la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han hecho dejación de funciones, resulta imprescindible para que los responsables políticos que formaron parte de los Consejos de Administración de las entidades financieras dejen de ningunear a los 14.000 castellanoleoneses afectados", aseguran desde la formación.


Aunque UPyD no entrará en estas plataformas, considera necesaria su creación "con el fin de que los ‘preferentistas’ hagan ver a los ciudadanos la magnitud del fraude auspiciado por los políticos de la región y de otros niveles de la Administración. Sólo con la participación de los ciudadanos en la vida pública, ya sea a través de plataformas o de partidos políticos, aseguraremos que los responsables de esta estafa no logren enterrarla junto con los ahorros de sus víctimas". Por su parte, UPyD va a seguir con su labor de "control a los Gobiernos nacional o regionales –tenga o no tenga representación en las instituciones– y va a proseguir con la querella contra los órganos de control españoles, BdE y CNMV, por este engaño generalizado".


Respecto al Banco Ceiss y su fusión con Unicaja, la formación magenta pide a las Cortes que explique "cómo se ha pasado de ser socio a casi regalar Caja España – Duero a la entidad malagueña". El coordinador territorial en funciones, Rafael Delgado Botello, se pregunta “qué habrán encontrado los auditores de Unicaja para que se haya regalado la entidad, sin hacerse cargo de las pérdidas y con el colchón de los 604 millones de euros que ofrece el FROB”. Delgado Botello lamenta que para salvar una caja de ahorros se haya dejado “a clientes y trabajadores en la estacada” y subraya la necesidad de que “los responsables últimos asuman consecuencias, económicas y también legales, si hiciera falta”.