UPA-COAG lamenta que la CHD "no aporte soluciones" y siga sin autorizar sondeos de menos de 7.000 metros cúbicos

Esta medida afecta, según UPA-COAG, a un "amplísimo territorio" de Castilla y León.

La Alianza UPA-COAG y las empresas de sondeos de Castilla y León han mantenido en la mañana de este lunes una reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), José Valín, en la que han pedido soluciones al "grave problema" que, a su juicio, sufren agricultores y ganaderos de la región al denegárseles los nuevos aprovechamientos de extracción de aguas subterráneas de menos de 7.000 metros cúbicos.

  

En un comunicado remitido a Europa Press, la Alianza ha lamentado que la única respuesta por parte del organismo de cuenca haya sido la de "no aportar solución alguna" hasta que al menos a finales del 2015 no se modifique el Plan Hidrológico.

  

"Esto va a suponer un enorme perjuicio y un mazazo a un gran número de explotaciones agrarias y a pequeñas industrias del medio rural que ya habían iniciado todos los trámites burocráticos, tramitado préstamos y realizado inversiones en algunos casos con obras avanzadas a expensas de una concesión de sondeo que ahora se les deniega", ha advertido la organización agraria.

  

Esta medida afecta, según UPA-COAG, a un "amplísimo territorio" de Castilla y León, puesto que se refiere a las masas de agua denominadas Tordesillas, Tierra del Vino, Medina del Campo y Terciario detrítico bajo Los Páramos.

  

Tanto la Alianza como los responsables de empresas que realizan sondeos han expuesto al presidente de la CHD que se trata de aprovechamientos que tendrían "un consumo de agua irrelevante" respecto a las concesiones existentes, por lo que la decisión "no afectaría al agotamiento de las masas de agua".

  

Además han recordado que "debería tenerse en cuenta" que de las concesiones otorgadas se extrae un volumen que "según estimaciones no alcanza el 50 por ciento del autorizado", con lo que existe "un amplio margen para permitir los referidos aprovechamientos de menor consumo".

  

En todo caso, la organización considera que el daño que se provoca al negar estos permisos es "de tal envergadura" para la economía del medio rural de Castilla y León que "se paraliza cualquier nueva actividad económica que numerosas explotaciones y pequeñas industrias programaban iniciar".