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Unos 50 detenidos en siete provincias, entre ellas Ávila y Segovia, por simular siniestros para cobrar seguros

La denominada 'Operación aleta' ha concluido tras tres años de indagaciones, con un saldo de 50 personas detenidas e imputadas, en el Juzgado de Instrucción de Pobra de Trives, por los delitos de estafa, falsedad documental, simulación de delito, robo de vehículos y receptación, usurpación de estado civil, fraude fiscal, blanqueo de capitales y delito contra la propiedad industrial

Según informan fuentes de la investigación, todos ellos eran del sector del automóvil y simulaban siniestros y robos de vehículos para cobrar de forma fraudulenta los correspondientes seguros.

 

   Según datos aportados por la Guardia Civil a Europa Press, la investigación iniciada el 1 de junio de 2010, remató hace unas semanas y reunió indicios de que los implicados compraban vehículos de alta gama "gravemente dañados tras un accidente" para "pasado un tiempo colocarlos en una carretera y simular un nuevo siniestro".

 

   También simulaban varios siniestros con un mismo vehículo para cobrar el seguro "y cuando consideraban que ese coche ya estaba involucrado en demasiados, denunciaban su robo por lo que la compañía aseguradora pagaba una última indemnización", de forma que, según los datos aportados, un mismo vehículo pudo facilitar el cobro fraudulento de 4 indemnizaciones en tres aseguradoras diferentes por un total de 147.153 euros.

 

VARIAS EMPRESA IMPLICADAS

 

   La organización estaba compuesta por profesionales y empresas del sector, tanto de talleres de reparación, como concesionarios de compra-venta, grúas de asistencia, agentes de seguros, peritos y gestores, además de numerosos particulares "que cedían sus datos o vehículos, de forma voluntaria,  a cambio de dinero", según ha indicado la Guardia Civil.

 

   La investigación de la trama contó con el asesoramiento de especialistas en temas mercantiles e inspectores de hacienda pues los beneficios obtenidos "se canalizaban en diferentes empleadas creadas para esta actividad delictiva", y el resultado de las operaciones fue de 600.000 euros cobrados en seguros y un aumento de patrimonio no declarado de un millón de euros, según las mismas fuentes.

 

   Los detenidos e imputados son de las provincias de Orense, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Toledo, Ávila y Segovia, y la investigación corrió a cargo del Equipo de Delitos contra el Patrimonio de la Guardia Civil de Orense que, además, realizó ocho registros en los que se recuperaron vehículos robados, componentes mecánicos, equipos informáticos y documentación, y se intervinieron, entre otros, 8 vehículos de alta gama.

 

   La operación contó con el apoyo de agentes del Grupo de Informes y Apoyo a Tráfico (GIAT) de los equipos de Tráfico de Orense y Pontevedra que estudiaron los vehículos y componente mecánicos hallados para determinar su origen.

 

   También se contó con los cuerpos policiales de Portugal, como la Policía Judiciaria y la Policía de Segurança Pública, localizaron en su país a personas implicadas y vehículos sustraídos, y el taller en el que se modificaban los números de bastidor de los coches robados en España.

 

MODUS OPERANDI

 

   La organización compraba en Alemania vehículos de alta gama de marcas Porsche, Audi y BMW entre otros, y los llevaban a un taller "de confianza" en la provincia de Orense, donde reducían los kilómetros registrados en el vehículo y se ponía a la venta pero si nadie lo adquiría, lo matriculaban y lo aseguraban a todo riesgo a nombre de un tercer integrante del grupo, que lo usaba durante un tiempo.

 

   Luego provocaban daños en el coche con una paleadora o un tractor hasta dejarlo en estado de "siniestro total" y un gruista implicado en el grupo, lo trasladaba a una carretera con un elevado índice de siniestralidad, donde se hacían luego los trámites para reclamar la indemnización a la compañía aseguradora por un supuesto siniestro que podía ser una salida de vía o un accidente contra otro coche de la organización "criminal", según los datos aportados.

 

   La aseguradora pagaba finalmente el valor del coche en el mercado, que era mayor que el de su compra inicial en el extranjero, y en alguna ocasión pagó el cien por cien de su valor original, tras una peritación que se hacía en el taller de chapa y pintura de otro integrante de la organización pues, en caso de que la aseguradora hiciese indagaciones, el taller aportaba las facturas e informes falsos que fuesen necesarios.

 

   Otra forma de actuar por parte del grupo, era comprar vehículos accidentados y declarados "siniestro total" por los que pagaban un precio mayor que el ofrecido por los desguaces y luego la matrícula de estos coches era colocado en otros semejantes para suscribir una nueva póliza con otra aseguradora y realizar de nuevo la peritación y cobro.

 

   Para conseguir más beneficios, los imputados desarrollaron una forma de operar que les evitaba cualquier gasto y era directamente, con el robo de vehículos de alta gama en los que sustituían sus elementos identificativos por los de otros vehículos legales "con un nivel de perfección que les permitió pasar la Inspección Técnica de Vehículos sin levantar sospechas", porque las modificaciones que hacían eran de gran calidad, según expertos de distintos concesionarios que analizaron estos vehículos transformados.

 

   Entre los implicados hay un taller mecánico de A Valenzá, en el municipio orensano de Barbadás, colindante con el de Orense.