Unanimidad en Diputación para pedir a la FEMP una negociación que garantice la autonomía de los municipios

Piden un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permita abordar la reforma local con el objetivo de "garantizar la autonomía local y los derechos sociales de los ciudadanos".

Así consta en uno de los cinco puntos planteados por el Grupo Socialista en una proposición llevada a la última sesión plenaria de 2013, donde la mayoría absoluta del PP ha permitido que se aprobasen por unanimidad de todos los grupos tres de esos puntos.

  

Al respecto, el segundo de estos puntos aprobado hace referencia a la necesidad de "reafirmar la autonomía local y la trascendencia de los ayuntamientos y entidades locales menores en la igualdad de oportunidades", lo que ha permitido "vertebrar el territorio y prestar servicios esenciales y básicos" mientras que el tercer punto plantea transmitir a las administraciones locales y a sus habitantes, especialmente a los pueblos más pequeños, el apoyo y reconocimiento de la institución provincial

  

El voto en contra del PP ha impedido que saliese adelante otro de los puntos de esta proposición en la que se pedía al Gobierno central la paralización de la ley de reforma de las administraciones locales y que la Diputación exigiese a la Junta y al Ejecutivo el mantenimiento de los consistorios locales, los servicios de proximidad y las residencias de ancianos con la misma financiación y dotación que tiene en estos momentos.

 

LA LEY "EVIDENCIA LA REGRESIÓN"

  

Durante la defensa de la proposición, el portavoz del PSOE, Juan José Zancada, ha incidido en que la aplicación de esta norma "evidencia la regresión y la vuelta al pasado", cuando los gobernadores civiles establecían quién sería el alcalde o se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes y ha augurado que la labor del Consistorio "se limitará a sacar al santo en procesión, ya que la reforma "pone en riesgo" la labor de las administración en cuanto al servicio público "en beneficio del negocio empresarial".

  

Así, Zancada ha recordado que la medida tiene detractores dentro del propio PP, como el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, quien ha rechazado la aplicación de la reforma local.

 

"EL MAYOR ATAQUE A LA DEMOCRACIA"

  

El portavoz de IU, Salvador Arpa, ha asegurado que todo "avance conseguido" hasta la fecha se verá afectado por esta Ley, "el mayor ataque a la Democracia". Además, ha vaticinado que supondrá la "demolición" de los municipios ya que no sólo no clarifica las competencias sino que las reduce, desactiva y desprecia a los propios ayuntamientos, "bajo la privaticación de servicios".

  

"Se presentó con engaños para ahorrar en gastos públicos, que sólo supondrá un dos por ciento, si llega a aplicarse", ha puntualizado Arpa.

  

El vicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno, ha asegurado que la Ley nace de una reforma "íntegra, ambiciosa e innovadora, "a petición de la ciudadanía", y para conseguir la eficacia y la eficiencia y para no gastar "más de lo necesario".

  

Centeno ha justificado esta reforma en la necesidad de "eliminar" la burocracia y "favorecer" la actividad económica, en que "no se intervendrá" a los ayuntamientos ni se eliminarán concejales, y sí se buscará la "calidad" de los mismos.

  

Asimismo, en respuesta a la acusación de la bancada socialista sobre la privatización de los servicios, Centeno ha recordado que muchos municipios cuentan con servicios externalizados, por lo que "hay gestiones más eficientes que la directa".

  

Por último, ha indicado que los servicios que prestan las administraciones públicas "hay que financiarlos", y que tales fondos provienen de los impuestos y que la mejor manera es no cargar al ciudadano con "más de lo que puede soportar", como hizo el PSOE "durante ocho años" cuando "obligó a introducir" ingresos del Estado a los ayuntamientos que "no eran reales".

  

"Lo más importante, como ciudadano, no es quién sea el titular del servicio y sí que se preste con calidad", ha asegurado el vicepresidente, mientras ha puntualizado que la Ley no dice que se gaste "cinco o diez" pero sí que se financie.