Un Policía Nacional, a juicio en Valladolid por compartir datos informáticos privados

La Audiencia Provincial de Valladolid. TRIBUNA

Este miércoles se celebrará la vista contra el agente que compartió información de denuncias, detenciones y antecedentes de otras personas.

La Audiencia de Valladolid celebra juicio el próximo miércoles, 20 de abril, contra un agente de la Policía Nacional, O.L.G, acusado de acceder, a través de una aplicación informática, a los datos de distintos vehículos y de sus titulares, desde denuncias, detenciones y antecedentes, que más tarde compartió, presuntamente, con otra persona que ocupará igualmente el banquillo.

 

El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional, considera que los hechos son constitutivos de un delito de descubrimiento y revelación de secretos y solicita para el policía una pena de cuatro años de cárcel, multa de 5.400 euros y su inhabilitación por espacio de nueve años, mientras que el segundo procesado, R.A.G, se expone a una condena de dos años y siete meses de privación de libertad y 2.700 euros de sanción pecuniaria, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

El funcionario policial, destinado al grupo de conducciones y custodias de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Provincial de Valladolid, accedió los días 13 y 14 de marzo de 2014 a la aplicación informática policial que contiene tres diferentes bases de datos: la que enlaza con los de la Dirección General de Tráfico, referente a vehículos, sus matrículas y sus titulares; la de denuncias policiales, así como la relativa a antecedentes por detenciones y requisitorias.

 

De esta manera, el agente se hizo con los datos de cinco turismos, cuatro de ellos pertenecientes a particulares y uno del que era titular una sociedad, para más tarde comunicárselos, bien personalmente y por teléfono, al también acusado R.A.G. tras solicitarlo éste expresamente, sin que coste el objetivo de dicha transferencia de datos ni haya constancia de que el primero de ambos haya percibido remuneración económica alguna por el servicio.

 

Lo que sí constata la acusación pública es que el funcionario, dada su condición de policía, estaba habilitado para acceder a esos datos mediante el uso de una clave y una contraseña personal, pero, sin embargo, carecía de autorización respecto de los consultados en concreto, además de que tampoco tenían relación con su trabajo.

 

Se da la circunstancia de que ninguno de los titulares de los vehículos, uno de ellos ya fallecido, ha presentado denuncia por los hechos.