UCCL denuncia incumplimientos de las eléctricas en la modificación de contratos

El sindicato agrario UCCL de Ávila ha denunciado incumplimientos de las compañías eléctricas en su obligación de efectuar las modificaciones de los contratos solicitadas por los consumidores en un máximo de cinco días. Denuncian igualmente las dificultades existentes a la hora de interponer las correspondientes reclamaciones

Las modificaciones de contratos que principalmente solicitan los agricultores y ganaderos son para reducir la potencia contratada debido al gran incremento desde el mes de agosto, en el que el término de potencia (parte fija del recibo de la luz, se consuma o no energía) se llegó a encarecer hasta un 152%, como es el caso de la tarifa 3.0A, para contratos de más de 15 Kw.

 

Tomando como referencia determinados cálculos publicados, constatan que el incremento de la factura de la luz en los últimos años, según consumo, puede superar el 70% y  el aumento del término de potencia puede estar en torno al 500. A tales incrementos suman, la muy probable modificación de las tarifas que entrarán en vigor a partir del primer día de 2014.

 

Desde UCCL denuncian que "la estrategia de determinadas eléctricas se basa en aburrir al consumidor para que desista de la reducción de potencia". Señalan que en muchos casos, cuando se intenta hacer presencialmente en oficinas de comercializadoras o distribuidoras se indica que la modificación del contrato se ha de hacer a través de los teléfonos con prefijos 901 o 902 en los que la llamada siempre cuesta aunque se disponga de tarifa plana telefónica y en los cuales "empiezan a pasarse de uno a otro interlocutor y a poner todo tipo de trabas hablando un lenguaje tarifario que el agricultor y ganadero no maneja, por lo que la indefensión del consumidor es total".

 

Indican asimismo que cuando se pretende hacer una reclamación ante la Comisión Nacional de la Energía, se indica que en Castilla y León la autoridad competente para ejercitar las reclamaciones es la Dirección General de Industria e Innovación Tecnológica y que cuando se contacta con ésta, a su vez indican que la reclamación se ha de hacer ante los Servicios Territoriales de Industria de cada provincia, "casi el mismo juego que emplean determinadas eléctricas".

 

UCCL-Ávila ya se ha visto forzada a realizar varias denuncias ante el Servicio Territorial de Industria de Ávila sin que hasta el momento hayan surtido efecto. Dichas denuncias han sido contra Iberdrola y en algunos casos la demora en la reducción de la potencia contratada llega ya a los 50 días, cuando el máximo permitido es de 5 días.

 

Esta organización manifiesta que desde la supresión de las tarifas específicas para el riego agrícola (año 2008) el malestar entre los agricultores de regadío, con el paso del tiempo, va en aumento ya que que el coste energético viene siendo una parte cada vez más importante en el conjunto de los factores de producción "hasta tal punto que el planteamiento de bastantes agricultores de regadío es pasar al secano".

 

Apuntan que otro sector muy perjudicado, como quedó de manifiesto en la jornada que sobre el asunto realizó UCCL-Ávila en Arenas de San Pedro el pasado 22 de noviembre, es el de las almazaras, ya que al igual que en el regadío, la potencia contratada solo se usa unos meses al año y no existe la posibilidad de modificar dicha potencia contratada más que un vez al año. Ávila concentra la mayor parte de las almazaras de Castilla y León.

 

Teniendo en cuenta la situación expuesta, esta organización considera imprescindible que las distintas Administraciones adopten las medidas necesarias al objeto de evitar los abusos de las eléctricas y de que el coste energético haga insostenible la continuidad del cultivo agrícola en regadío y de la actividad de las almazaras de la provincia, así como que muchas de las instalaciones realizadas pasen a ser infrautilizadas a pesar del esfuerzo inversor hecho tanto por el sector productor como por las Administraciones, ya que en muchos casos se han realizado con ayudas públicas.

 

Para UCCL-Ávila, una de las medidas que resultan urgentes es reducir sustancialmente la cantidad que se abona en concepto de término de potencia (fijo o mínimo), en los meses fuera de temporada de riego (6 meses al año) y en los que las almazaras no molturan (10 meses al año)