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Trabajadores de Lauki instan a la venta de la fábrica aun después de su cierre pero no descartan vía judicial

Un total de 54 trabajadores de Lauki en Valladolid han aceptado las recolocaciones que ha planteado Lactalis, dentro del Plan Social que se firmó en mayo. Por su parte, 19 empleados han preferido las indemnizaciones y aceptar una jubilación o el desempleo. Así lo han explicado hoy fuente de los sindicatos al término de la reunión que ha mantenido la Fundación Anclaje, presidida por la consejera de Agricultura, Milagros Marcos.

 

Tras el encuentro, se ha acordado esperar estos 11 días hasta que expire el plazo marcado el 30 de septiembre con “prudencia” por si hubiera una venta de la factoría en Valladolid que pudiera mantener la actividad industrial y el empleo. No obstante, después de que Lactalis no haya aceptado una prórroga planteada por el comité de empresa que pudiera ampliar el plazo de negociación, se ha acordado que, tras el 30 de septiembre, se podrá iniciar “un nuevo periodo” en el que se pudiera insistir en una venta.

 

El último paso sería la vía judicial, según los sindicatos; que han alertado que estarán expectantes de lo que ocurra tras el 30 de septiembre porque no serán cómplices de la venta de los terrenos.

 

La consejera Milagros Marcos explica que la empresa sí ha respetado el Plan Social y los derechos de los trabajadores con las recolocaciones, pero no han cumplido con la cláusula primera, en la que habla de fomentar la venta activa de la factoría de Valladolid.

 

Todos los participantes en el encuentro comparten el criterio de que Lactalis ha incumplido el primer punto del Plan Social firmado a finales de mayo con el Comité de Empresa y los sindicatos que, como principal requisito, exigía el compromiso del grupo francés de mantener una actitud "activa" para lograr la venta de Lauki, algo que el secretario de Acción Sindical de CCOO, Vicente Andrés, no es compatible con los 6 millones reclamados por las instalaciones.

 

Lo único que sí está respetando el grupo son las condiciones pactadas con la plantilla en materia de recolocaciones, indemnizaciones y jubilaciones con lo que en momento alguno se plantea una impugnación del plan social en esta materia para no perjudicar aún más a los afectados, tal y como ha explicado Marcos, quien defiende la necesidad de "agotar todas las vías de diálogo", antes de judicializar el proceso, para que Lactalis mantenga viva, tras el 30 de septiembre, la negociación para materializar la venta de la fábrica a otra empresa del mismo sector lácteo, lo más deseable, y en caso contrario a otra que no le haga competencia.

A falta de once días para el cierre, el representante de CCOO, Vicente Andrés, en declaraciones recogidas por Europa Press, critica que Lactalis no ha actuado hasta ahora "de buena fe" y por ello, al igual que su homólogo en UGT, Raúl Santa Eufemia, amenaza a la multinacional con iniciar acciones, a partir del 1 de octubre, por la vía administrativa y judicial en el caso de que finalmente siga adelante con su propósito de cerrar, sin dar opción alguna a las distintas ofertas recibidas.

 

EVITAR ADEMÁS LA "HUMILLACIÓN"

 

Andrés se ha mostrado además muy receloso respecto de los intereses ocultos de Lactalis en el caso de aceptar la apertura de un nuevo periodo negociador, pues, como así ha advertido, quizá la propietaria lo único que persiga es obtener ayuda para vender los terrenos y evitar verse envuelta en acciones judiciales.

 

"Estos de las multinacionales son de cuidado y están por encima de los gobiernos y de todo el mundo", ha insistido el sindicalista, temeroso de que la situación pueda aún empeorar y suponer incluso la "humillación" de quienes están del lado de los trabajadores para mantener la actividad industrial de la planta.

 

En esta misma línea, la propia consejera de Agricultura ha recordado que Lactalis ya ha cerrado otras plantas en otras comunidades sin muchos problemas, como Valencia, y "por ello aquí están sorprendidos de la unidad de acción que hay en Castilla y León para evitarlo".

 

Por su parte, Raúl Santa Eufemia, de UGT, ha abogado por la máxima "prudencia" respecto de cualquier medida a tomar con el fin de no perjudicar a los trabajadores, muchos de los cuales han optado por acogerse al plan de recolocaciones y han matriculado ya a sus hijos en colegios situados fuera de Castilla y León.