¿Se seguirá llamando Quintanilla de Onésimo?

Ayuntamiento de la localidad vallisoletana de Quintanilla de Onésimo.

El muncipio de la provincia de Valladolid está incluido en una denuncia, presentada directamente al alcalde, en el que se incluyen once pueblos cuyos nombres están ligados al periodo franquista.

La denuncia será presentada este jueves por el abogado Eduardo Ranz, coincidiendo que se celebra el 143 aniversario de la Primera República, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la redefinición de once entidades territoriales que llevan el nombre del Caudillo o de generales franquistas, cuatro de los cuales se encuentran en Castilla y León.

 

Los once pueblos son Quintanilla de Onésimo (Valladolid), Águeda del Caudillo (Salamanca), Alcocero de Mola (Burgos), San Leonardo de Yagüe (Soria), Alberche del Caudillo (Toledo), Guadiana del Caudillo (Badajoz), Llanos del Caudillo (Ciudad Real), Villafranco del Guadiana (Badajoz), Villafranco del Guadalhorce (Málaga), Bembézar del Caudillo (Córdoba) y Queipo de Llano (Sevilla).

 

El letrado argumenta que las menciones al dictador o a protagonistas de su régimen vulneran la Ley de Memoria histórica, cuyo artículo 15 obliga a las Administraciones Públicas a adoptar todas las medidas oportunas para retirar  los escudos, las insignias, las placas y otras menciones conmemorativas que exalten la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la dictadura.

 

A su juicio, "no existe mayor exaltación de la Guerra Civil y la dictadura que mantener el nombre de los máximos exponentes del conflicto en el apellido del pueblo", y por lo tanto, considera que "no existe mayor incumplimiento de la norma".

 

INMEDIATA REDEFINICIÓN

 

Ranz solicitará a la Federación, que preside el socialista Abel Caballero, la redefinición "inmediata" de los entes locales y de cumplimiento al artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica con el objeto de proceder a la retirada de las posibles ayudas públicas y la pérdida de "derechos y usos de pertenencia a la FEMP".

 

El abogado, que ejercerá su derecho de petición para pedir a las diputaciones provinciales la retirada de las subvenciones, denunciará a ocho de los once alcaldes por un delito de delito de incitación al odio, previsto en el artículo 510 del Código Penal.

 

En concreto, las denuncias se dirigen contra los alcaldes de Águeda del Caudillo Germán Florindo (antes con el Gobierno del PP y ahora del PSOE); Alberche del Caudillo, Ana Rivelles (PSOE); Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo (PP); Llanos del Caudillo, Andrés Antonio Arroyo (PP); Villafranco del Guadiana, Juan Sánchez (PP); Quintanilla de Onésimo, Raúl Piquero (PP); Alcocero de Mola,  Jesús María Estefanía (PP); y de San Leonardo de Yagüe, Jesús Elvira Martín (PP).