Se amplía el relato de hechos punibles contra De la Riva por el caso de los áticos de Zorrilla

El alcalde está acusado de un delito de desobediencia por incumplir de forma reiterada la sentencia que le obligaba a subsanar las irregularidades urbanísticas en el edificio de la Plaza de Zorrilla.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid ha acordado ampliar el relato de hechos punibles contra el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, acusado de un delito de desobediencia por incumplir de forma reiterada la sentencia que le obligaba a subsanar las irregularidades urbanísticas en el edificio de la Plaza de Zorrilla.

 

En su auto, al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, el titular del referido juzgado, César Gil Margareto, estima así en su integridad el recurso de reforma que la Fiscalía vallisoletana había interpuesto contra su auto anterior, de fecha 19 de febrero, por considerar que el mismo omitía una serie de hechos de "relevancia" que al no ser recogidos por el instructor impediría su valoración por parte del juez encargado de sentar al munícipe en el banquillo.

 

Tras aquel inicial auto del juez, que, a instancias de la Sección Cuarta de lo Penal, reabrió las diligencias, anteriormente sobreseídas, e imputó a León de la Riva por delito de desobediencia, la acusación pública había resuelto recurrir en reforma y, subsidiariamente, en apelación ante la Audiencia Provincial dicha resolución a los únicos efectos de que el instructor incluyera en el relato de hechos punibles distintos detalles que entendía de gran importancia para cimentar la culpabilidad del dirigente 'popular'.

 

En el recurso se advertía de que la omisión de los referidos hechos en el auto de imputación no sólo impedía a las acusaciones pública y la popular, ejercida por la Federación de Asociaciones Vecinales Antonio Machado, incluirlos en sus respectivos escritos acusatorios sino también ser sometidos a la valoración del órgano de enjuiciamiento.

 

Entre los hechos "relevantes" que Fiscalía solicitaba incluir en el relato fáctico figura el auto de 16 de junio de 2009 del TSJCyL que requirió al Ayuntamiento ejecutar de forma forzosa la sentencia de 28 de abril de 2008, declarada firme el 16 de septiembre de ese año, que anuló licencias en el edificio José Zorrilla y obligó a demoler áticos creados a partir de trasteros y a restituir el inmueble a la legalidad.

 

"DIRECTA Y PERSONAL RESPONSABILIDAD"

 

En este punto, la acusación pública corregía al instructor y le recordaba que esa orden dada para devolver el inmueble a la legalidad en el plazo de tres meses no se dirigió al Ayuntamiento, "ya que lo que se acordó fue requerir al alcalde" para que, "bajo su directa y personal responsabilidad, y bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA)", procediera a ejecutar los trabajos y hacer efectivo el cese del uso de las construcciones amparadas por las licencias de ocupación anuladas.

 

En su recurso, Fiscalía hacía mención a otra serie de providencias y requerimientos del tribunal dirigidos al alcalde a título personal para que cumpliera la legalidad, uno fechado el 20 de febrero de 2009 y tres el 4 de junio de 2012, así como otros dos remitidos al Ayuntamiento los días 16 de septiembre de 2008 y 19 de abril de 2012, todo ello en la estrategia de la acusación pública de probar la actitud "contumaz, rebelde y obstinada" que, tal y como advirtió en su día al recurrir el primer auto de archivo del caso, ha mantenido durante el proceso el primer edil vallisoletano.

 

Resuelto ya el recurso y excluidos definitivamente de la causa el arquitecto municipal, Luis Álvarez Aller, e Isidro Martínez Cuesta, arquitecto contratado por el Ayuntamiento para redactar el proyecto y ejecutar las obras en el edificio José Zorrila, el próximo paso es el trámite de dar traslado de lo actuado a las partes para que formulen escrito de acusación, soliciten el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.