Rajoy fracasa en su intento de ser presidente, y ahora ¿qué pasa?

Mariano Rajoy en el debate de investidura

No habrá más consultas por parte del Rey, que da carta blanca a los partidos para negociar, siempre con la referencia de los dos meses de plazo que concluye el 31 de octubre. Unas terceras elecciones no tendrían que ser en Navidad.

La investidura fallida de Mariano Rajoy en segunda votación este viernes obligará de nuevo a instituciones y fuerzas políticas a plantearse qué pasos dan a lo largo del plazo de dos meses que fija la Constitución antes de la convocatoria de unas terceras elecciones si no prospera ninguna alternativa de gobierno.

 

Hasta la fecha, sólo existe un precedente al que mirar, pues las pasadas elecciones del 26 de junio fueron las primeras que se repitieron en España en la historia de la democracia debido a que los partidos no fueron capaces de llegar a un acuerdo que permitiese formar gobierno. Nunca antes se había aplicado el artículo 99.5 de la Constitución, que especifica que "si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso".

 

Después de los comicios del 20 de diciembre, ese plazo de dos meses comenzó a correr a partir del 2 de marzo, día de la primera votación de investidura del candidato Pedro Sánchez, que resultó fallida también en la segunda votación el 4 de marzo, cuando ya solo necesitaba obtener una mayoría simple (más 'síes' que 'noes').

 

Tras la audiencia que mantuvieron el lunes 7 de marzo, el Rey comunicó su decisión de "no iniciar, por el momento" nuevas consultas con los partidos para que éstos pudieran "llevar a cabo las actuaciones que consideren convenientes a los efectos del artículo 99 de la Constitución", que fija el procedimiento para la formación de gobierno y establece la convocatoria de nuevos comicios si ninguna candidatura prospera.

 

Felipe VI no volvió a convocar a los partidos a una tercera ronda hasta el 25 de abril, justo una semana antes de que expirara el plazo de los dos meses. En unos contactos que comprimió en dos días, el monarca constató que, ante la falta de acuerdos, no quedaba otra posibilidad que disolver las Cortes y convocar comicios, tal y como se publicó el 3 de mayo pasado. Como el Gobierno está en funciones, ese decreto de disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones no lo puede firmar el jefe del Ejecutivo, sino que lleva la rúbrica del Rey y del presidente del Congreso.

 

En esta ocasión, como la primera votación de investidura del candidato ha sido el 31 de agosto, el plazo de dos meses concluirá el 31 de octubre, por lo que el 1 de noviembre se publicaría el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria de elecciones. Conforme al plazo legal de 54 días de periodo electoral, las elecciones tendrían lugar el domingo, 25 de diciembre, Día de Navidad, si bien el PSOE ha anunciado su intención de presentar una iniciativa parlamentaria para que pudieran adelantarse al 18 de diciembre, una opción a la que en principio no se opone el resto de partidos. Pero para que pudiera aplicarse, debería tramitarse en el Congreso y en el Senado antes del 31 de octubre. A fecha de hoy, no está ni siquiera registrada en la Cámara Baja.

 

 

EL 'NO' DE RAJOY AL REY

 

En la breve legislatura pasada, el Rey llegó a convocar tres rondas de consultas porque después de la primera, Mariano Rajoy, líder de la fuerza más votada el 20 de diciembre, rechazó el 22 de enero el encargo del monarca para intentar formar gobierno al estar seguro de que no podría sacar la votación de investidura adelante.


Felipe VI convocó una segunda ronda de consultas apenas unos días después y encargó la formación de gobierno al socialista Pedro Sánchez, representante de la segunda fuerza más votada el 20 de diciembre. Aunque Sánchez también tenía muy difícil lograr los apoyos que necesitaba, el debate de investidura que protagonizó permitió poner en marcha el plazo de los dos meses antes de la convocatoria de comicios, que es obligatorio agotar.