Puente tacha de "disparatadas" las declaraciones de Catalá sobre el Campus de Justicia

El alcalde de Valladolid dice que la palabra del ministro de Justicia "vale poco o nada" cuando se ha referido a que un cambio del Campus al colegio El Salvador supondría un retraso hasta 2026.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, considera "disparatado" que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, diga que el Campus de la Justicia de la ciudad podría dilatarse hasta 2026 si se cambiara su ubicación al edificio del antiguo colegio El Salvador, mientras que con el actual proyecto las sedes podrían estar unificadas entre 2017 y 2018.

  

Puente, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha expresado así en el marco de la sesión plenaria que ha celebrado el Ayuntamiento de Valladolid, en la que ha asegurado que la palabra de un ministro del Gobierno del PP "vale lo que vale, poco o nada".

  

En este sentido, se ha dirigido al presidente del Grupo Municipal Popular, José Antonio Martínez Bermejo, y le ha recordado que ha utilizado las palabras "paralización" o "derrapar" para referirse a la actuación del equipo de Gobierno sobre la Ciudad de la Justicia.

  

Así, le ha espetado que a veces en determinadas disciplinas del automovilismo la mejor forma de "coger una curva" es así, derrapando, pero ha aclarado que el problema es "descarrilar", ya que es cuando lo mismo el tren va al taller "o a la chatarrería, que es lo peor".

  

El ministro de Justicia se ha referido al Campus de la Justicia tras asistir a la toma de posesión de la nueva delegada del Gobierno en Castilla y León, Maria José Salgueiro, donde ha asegurado que el Ministerio y el Ayuntamiento de Valladolid llevan más de diez años trabajando en la búsqueda de una solución "adecuada" para superar la "dispersión" de sedes en la capital vallisoletana.

 

SEDE "ADECUADA"

  

Tras defender la decisión de ubicar el campus en los terrenos entre Villa de Prado y Girón porque "parecía la adecuada", ha aclarado que el Presupuesto General del Estado de 2015 sí aparecen partidas para este proyecto, entre las que ha destacado una de 300.000 euros para la adjudicación de las obras, una actuación que podría estar concluida tras esta adjudicación en un "plazo razonable" de unos dos años y medio -entre 2017 y 2018-

  

No obstante, tras insistir en que la decisión sobre la mejor ubicación de este centro corresponde a la autonomía municipal, Catalá ha explicado que el nuevo planteamiento implicaría iniciar de nuevo el proceso, algo que sería "costoso y laborioso" debido a la necesidad de arrancar la expropiación de los terrenos para acometer después un proyecto de rehabilitación, lo que podría demorarse hasta 2026.

  

El ministro de Justicia no ha ocultado su "inquietud" por la dilatación de los plazos debido a este nuevo escenario, que, además supondría la pérdida de en torno a unos 500.000 euros que ya se han invertido en esta operación. "Me preocupa que se prolongue la actuación 'sine die'", ha aseverado, al tiempo que ha manifestado que la dispersión de sedes "es mala para todos".

  

 

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