PSOE e IU piden a León de la Riva transparencia tras la sentencia del edificio de Piensos CIA

Rueda de prensa ofrecida por Javier Izquierdo y Manuel Saravia.

Los dos grupos municipales han manifestado su rechazo a la forma de actuación del equipo de Gobierno ante el proceso en ejecución de sentencia del edificio de Piensos CIA, en una rueda de prensa celebrada este martes en el Ayuntamiento de Valladolid. 

Tras la reciente noticia de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite la acción pública de la Asociación Cultural Ciudad Sostenible (ACCS) en el proceso de ejecución de sentencia sobre los suelos de Piensos CIA, -y la colaboración de esta asociación en un acuerdo entre las tres empresas implicadas (Metrovacesa, Edificasa 2000 y San José), el recurrente y la Concejala de Urbanismo, Cristina Vidal-, PSOE e IU han expresado su rechazo a la forma de actuación del Ayuntamiento de Valladolid, y concretamente, responsabilizan al alcalde, Javier León de la Riva “como principal responsable que siempre actúa de espaldas a los intereses del pueblo”, ha declarado el portavoz del PSOE, Javier Izquierdo.

 

Estos dos grupos políticos han agradecido, en primer lugar, la actuación de ACCS “por su coraje cívico y por hacer público el acuerdo” tan polémico debido a la “ocultación de información” de dicho pacto, suscrito el pasado 6 de junio de 2014. Además, el tema se agrava, ya que, una de las firmantes, la Concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, “negó la existencia de este acuerdo” de interés público, según ha asegurado el portavoz de IU, Manuel Saravia. Por lo tanto, declaran una falta de legitimización por parte de Vidal “que no se sabe si está actuando en representación del Ayuntamiento”.

 

En segundo lugar, ambos portavoces han subrayado la “falta de justificación técnica y jurídica del acuerdo” pues no participa, por ejemplo, la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León. Y además, han apuntado que un pacto no puede sustituir la tramitación y cumplimiento de sentencias judiciales, ya que “los jueces y tribunales tienen el deber de hacer ejecutar lo juzgado”, ha añadido Saravia.

 

El acuerdo suscrito recoge la cesión por parte de las empresas constructoras de los derechos de suelo urbanizable para 60 viviendas, 107 plazas de aparcamiento viario y un estacionamiento subterráneo con capacidad para 260 vehículos. Por ello, PSOE e IU han señalado la “complejidad del acuerdo” que presenta “discrepancias sobre los números ofrecidos”.

 

Como solución estos dos partidos han presentado lo siguiente: “que la compensación de plusvalías que corresponden al Ayuntamiento pasen a viviendas reales”, es decir, “edificación ejecutada libre de cargas”. Además, han pedido que este caso no suponga “la demolición de lo ya construido”.

 

Todo comienza en 2003, cuando se produce una conversión de uso industrial entre el edificio de la azucarera Ebro Agrícola al edificio Piensos CIA, en el paseo de Zorrilla. Pero, a su vez, se atribuye al primer edificio, azucarera Ebro Agrícola, el concepto de edificabilidad, es decir, la limitación de la superficie de la edificación permitida en una parcela o en una determinada área de suelo.

 

De ahí, la ACCS denunció públicamente la inejecución municipal de las Sentencias del TSJCyL 2007 y del Tribunal Supremo de 2011 que ratificaron la ilegalidad urbanística de la operación de los pisos de la antigua empresa de Ebro. En aquel momento también se planteó ejercitar la acción pública para personarse judicialmente e instar forzosamente esa ejecución.

 

Finalmente, Izquierdo y Saravia han incidido en “la responsabilidad personal y directa del alcalde”, Francisco Javier León de la Riva, ya que, “era consejero de Caja Duero, también involucrada en el caso”.

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