PSOE e IU de Valladolid votan en contra de los criterios generales del PGOU porque "consolida las áreas homogéneas"

Oscar Puente (PSOE) y Manuel Saravia (IU).

Izquierda Unida lamenta que el documento mantenga un modelo que se ha mostrado "nocivo" para la población.

El Grupo Municipal Socialista y el de Izquierda Unida han votado este miércoles en contra del documento de criterios generales previo a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), debatido en la Comisión de Urbanismo, ya que considera que la modificación "consolida las áreas homogéneas".

 

En un comunicado recogido por Europa Press, el portavoz del Grupo Socialista, Javier Izquierdo, ha recalcado que "hay suelo más que suficiente dentro de las rondas para cubrir las necesidades del escenario demográfico en el que se mueve Valladolid".

 

Según el PSOE, el documento debatido este miércoles plantea el mantenimiento de las áreas homogéneas Las Riberas (AH-7), que como han recordado tiene una sentencia en contra del TSJCyL; Prado Palacio (AH-1), Fuente Amarga (AH-6), Los Argales (AH-8), La Varga-Berrocal (AH-12) y la "polémica" Valdechivillas (AH-10).

 

Sin embargo, la concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, Cristina Vidal, ha explicado que el documento sólo mantiene en términos similares las condiciones de tres de las áreas homogéneas (Las Riberas, Prado-Palacio Berrocal y Páramo de San Isidro), mientras que se dará más importancia al suelo industrial en otras siete y se desclasificará otras cinco.

 

En todo caso, para el portavoz socialista, Javier Izquierdo, "seguir adelante con este proyecto de extender la ciudad más allá de las rondas, a zonas que se encuentran a kilómetros del casco histórico, y en una cantidad de terreno que prácticamente iguala su extensión actual-3.895 hectáreas-" es "un ejercicio de clara irresponsabilidad".

 

Estas nuevas áreas residenciales, ha reiterado Izquierdo, supondrán un desencaje de una factura urbanística (el coste del mantenimiento de las zonas urbanizadas), que ya hoy se calcula en cerca de 130 millones de euros. Ampliar la ciudad en todas esas áreas, en opinión de Izquierdo, no responde al desarrollo demográfico actual de Valladolid y demuestra falta de perspectiva por parte de Javier León de la Riva.

 

En caso de avanzarse, finalmente, en la construcción de esas varias decenas de miles de viviendas, ubicadas lejos del centro, el Ayuntamiento "debería hacer frente a nuevos gastos de urbanización y conservación de lo urbanizado, alumbrado público, transporte público, parques y jardines, limpieza, policía y bomberos, que rondan los 404 euros por habitante al año, o bien 1.178 euros por hogar".

 

En definitiva, Izquierdo ha advertido de que doblar la superficie de Valladolid supondría, "que también se doblen estos gastos, a los que habría que añadir el coste de los equipamientos: escuelas infantiles, centros cívicos, centros para personas mayores e instalaciones deportivas, lo que lleva, obviamente, a un peor funcionamiento de los servicios públicos, o bien a nuevos incrementos de impuestos, dado que no se prevé un crecimiento en consonancia de la población llamada a sostenerlos".

 

El concejal ha recordado que se cumple ya un año de que el PSOE hiciera público un documento de sugerencias sobre el Avance de la modificación del PGOU en el que abogaba por una ciudad económicamente viable y ajustada a la población.

 

PRIMAR LA REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA

 

En su propuesta, el Grupo Socialista insistía en evitar la extensión de Valladolid en áreas homogéneas, primar la rehabilitación y renovación urbana y diseñar una movilidad desahogada, construyendo aparcamientos en la corona externa al casco histórico, para conseguir una ciudad compacta, en la que el tren desaparezca de superficie lo antes posible, y cuyo urbanismo esté en manos del Ayuntamiento, diseñado y dirigido por el interés público.

 

Ya en ese documento, el PSOE explicaba que la denominada "factura urbanística" supera, de promedio, anualmente, el 60% del presupuesto municipal, de forma que, cuanto más extensa sea la ciudad, más gastos generará, algo que parece ilógico teniendo en cuenta que hay en torno a 30.000 viviendas sin habitar en Valladolid.

 

Por su parte, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha lamentado que los criterios generales "se atienen en lo fundamental al modelo del PGOU de 2003, completamente inadecuado e incluso nocivo para las necesidades actuales de la población".

 

Ante la presencia del equipo redactor en el Consejo, IU ha pedido más información sobre los distintos capítulos contemplados en el documento de criterios, y, pese a que ha calificado de "valiosas" algunas propuestas como las denominadas 'puertas de la ciudad' o el sistema de espacios libres, la mayor parte genera una opinión negativa.

 

Se han referido especialmente al mantenimiento como "planeamiento asumido" las áreas de suelo urbanizable que contasen con aprobación del plan parcial, que era precisamente lo que reclamaban, según IU, los propietarios de algún "área homogénea" para intentar eludir la sentencia negativa de los tribunales. Por lo tanto, creen que se trata de una propuesta "hecha de la mano de los grandes promotores y propietarios de suelo de la ciudad". Así, han recordado que dos de las áreas en esta situación, como Prado Palacio y Las Riberas suman más de 23.000 viviendas en sus previsiones.

 

Tampoco ven justificado que las áreas de suelo urbanizable puedan "esgrimir derechos adquirido", como en el caso de Valdechivillas, donde se conservarán 50 hectáreas urbanizables en lo que califican de "incumplimiento flagrante de la legislación estatal de urbanismo".

 

Además, han apuntado que a todos estos suelos urbanizables se debe sumar los sectores no desarrollados que no son áreas homogéneas, como La Florida.

 

También han advertido que se va a modificar la ordenación del sector de suelo industrial Palomares "sin que se haya dado ninguna explicación", más allá que la entrada de la Junta de Castilla y León en un proyecto de parque agroalimentario.

 

PLAN ROGERS

 

Del mismo modo, han citado que el Plan Rogers se incorpora en el nuevo PGOU "sin ningún ajuste", a pesar de que creen que responde a unas circunstancias económicas "radicalmente distintas", y que "su viabilidad está en entredicho", por lo que debería preverse otra fórmula para poder llevarlo a cabo si no se pueden vender los suelos.

 

También echan en falta referencias a las previsiones de ampliación de las infraestructuras existentes que pudieran derivarse para la ciudad por los suelos urbanizables, la utilización de los terrenos de instituciones públicas para el fomento del empleo reclamada por el Grupo de IU; así como un estudio económico que permitiera "saber con qué parámetros económicos se está trabajando".