PP y UPyD acuerdan en el Congreso que los etarras excarcelados no cobren subsidios ni ocupen cargos si no piden perdón

El PP y UPyD han alcanzado un acuerdo este miércoles en el Congreso de los Diputados para instar al Gobierno que adopte las medidas legales necesarias para endurecer los requisitos para que los etarras que salen de prisión puedan acceder a subsidios o cargos públicos con el fin de que se establezca la obligatoriedad de pedir perdón, colaborar con la Justicia y pagar sus indemnizaciones.
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



La promotora de la moción, la líder del UPyD, Rosa Díez ha dicho que los demócratas "no deben ayudar a los totalitarios". "No podemos permitir a los enemigos de la democracia que se aprovechen de ella", ha argumentado al tiempo que ha agradecido al PP "su actitud". "Hablamos de criminales que asesinaban para destruir la democracia. Su objetivo no es el crimen, sino doblegar a la sociedad democrática. Si la hubiesen vencido, hoy no podríamos estar aquí hablando, ni siquiera sus testaferros que están aquí", ha defendido Díez en referencia a los diputados de Amaiur.

La diputada 'popular' Julieta de Micheo ha elogiado esta iniciativa contra quienes "han dañado la democracia" y quienes "siguen sin rechazar, ni condenar la violencia". "No vamos a ceder, no vamos a dar ni un paso atrás. Se lo merecen las víctimas. Nosotros también tenemos memoria", ha enfatizado ante la mirada desde la tribuna de invitados de la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, y la directora general de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, Sonia Ramos.

Además, De Micheo ha añadido que esta propuesta va en la línea de la postura que ha defendido siempre e incluso ha afirmado que "el PP se opuso, se opone y se opondrá siempre a cualquier negociación con ETA". Junto a UPyD y el PP se ha posicionado UPN, pero la moción ha contado con el rechazo del resto de grupos, incluso el PSOE.

EL PSOE LO VE "ILÓGICO E INASUMIBLE"

El diputado socialista, Antonio Trevín, ve la propuesta "ilógica e inasumible" y ha defendido que "la inmensa mayoría de la sociedad siente desprecio por los terroristas, pero les ha vencido con a la Ley en la mano". En este sentido, ha acusado a UPyD de poner al Congreso "en el dilema de incumplir la Constitución". "Uno empieza en el tobogán de las excepciones y termina en un estado de excepción permanente", ha zanjado.

A su juicio, "el Parlamento no debe ser confundido con un tribunal" y ha pedido que triunfe "la voz de la energía en lugar de la voz del odio o la mediocridad". Considera que esta moción es "una componenda para tratar de quedarse con las víctimas". "No podemos votar a favor porque ni ustedes mismos saben qué dice esta transacción", ha censurado.

El diputado abertzale de Amaiur, Rafael Larreina, ha replicado a De Micheo que antes de que ella tuviese "uso de razón", el ya estuvo "en una capilla ardiente en 1978 por una persona a la que le fue arrebatada la vida por ETA". "Cuando se refieren a mi grupo vinculándolo a ETA es totalmente mentira. Nuestro compromiso es claro a cualquier vulneración de los derechos humanos. Todas las formaciones que forman Amauir han condenado la violencia de ETA y ahí están los estatutos de Sortu. Por lo tanto ya vale", se ha quejado.

Los estatutos de Sortu condenan acciones de violencia incluyendo las de ETA en caso de que se produzcan en el futuro, pero con condenan ni rechazan los más de 800 asesinatos cometidos por la banda en el pasado.

AMAIUR: "SE BASA EN LA VENGANZA"

Larreina Ha criticado que el modelo que propone UPyD "se basa en la venganza" no en la reinserción y ha defendido que estas prestaciones tienen esa finalidad, "no una finalidad de agravio". "Estas prestaciones tienen que ver con la necesidad y la justicia y generosidad de la sociedad para que esas personas se puedan reincorporar", ha explicado.

El diputado de PNV Emilio Olabarría ha descrito como "repugnante la patrimonialización del dolor". "De víctimas sabemos mucho y es perverso usar su dolor para réditos políticos fáciles", ha criticado al tiempo que ha recordado que "una persona que recupera la libertad es una persona que recupera por completo sus derechos civiles".

Gaspar Llamazares también ha manifestado la oposición de IU a esta moción que ha tachado de "mala resaca" de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que derogó la doctrina Parot. "No soluciona ningún problema, es una huida hacia adelante", ha dicho al tiempo que ha recordado que si esto se aplicase a quienes ya han salido de prisión, se estaría aplicando de nuevo de manera retroactiva. "Y ya nos han dado una colleja por eso", ha zanjado.

El portavoz de CiU Jordi Jané ha lamentado que la moción discutida "rompe las finalidades de la propia Constitución sobre la política penitencia que de manera clara expresa que las penas privativas de libertad están enfocadas a la reinserción". "Esta moción es además muy poco concreta", ha apuntado.

CONTENIDO DE LA MOCIÓN PACTADA

La moción aprobada consiste en una última enmienda transaccional presentada por UPyD en la que se pide al Gobierno que adopte "las medidas que sean necesarias para evitar un aprovechamiento indebido de la asistencia ofrecida por el Estado, en particular el denominado subsidio de excarcelación por parte de terroristas".

Insta por tanto a proceder a las modificaciones legales para incorporar nuevos requisitos para cobrar este subsidio que, a juicio de UPyD, deben ser: la acreditación del abandono y rechazo de la actividad terrorista, la petición expresa de perdón a las víctimas de sus delitos, la colaboración con la Justicia y el pago de las cantidades adeudadas al Estado en concepto de responsabilidad civil.

La formación que lidera UPyD solicita además al Ejecutivo que estos requisitos les sean exigidos también a personas condenadas por delitos "especialmente reprobables" y no sólo para acceder a esta prestación por excarcelación, sino otras ayudas públicas. Pide que se apliquen los mismos condicionantes para que estas personas puedan desempeñar un cargo público.

UPyD presentó este redactado después de que el martes el PP propusiera una enmienda transaccional con algunas variaciones. Los 'populares' no incluían el impedimento de acceder a cargo público a aquellos que no hayan cumplido con las condiciones fijadas. En cuanto a estos requisitos pedían un arrepentimiento a los terroristas, pero no la petición expresa de perdón a las víctimas que defiende UPyD. La enmienda del PP tampoco contemplaba la necesidad de colaborar con la Justicia que Rosa Díaz considera "lo más importante" por lo que no la aceptó.

Aunque no viene recogido en el texto, Rosa Díaz también ha planteado a los terroristas exigir un periodo mínimo de trabajo para acceder a este subsidio, "al menos los 90 días de cotización que se exige al resto de ciudadanos españoles honestos que no cobran ningún subsidio de desempleo". La banda permite a sus presos estudiar y formarse en prisión, pero les prohíbe desempeñar trabajos.