Piden seis años de cárcel para dos acusados de estafa en Valladolid tras crear una empresa ficticia

Juzgados

El juicio se celebrará este lunes en la Audiencia Provincial. Podrían haberse apoderado de hasta 130.000 euros.

Fiscalía de Valladolid solicita penas de seis años de prisión para los apoderados de la empresa Vallauto Motores SC, Alejandro F.B.G. y Nicusor R, que ocuparán el banquillo de la Audiencia Provincial este próximo lunes, 7 de marzo, acusados de ofertar la venta de maquinaria a través de dicha mercantil, carente de actividad alguna, y de lograr apoderarse de más de 130.000 euros de clientes sin entregar a éstos la mercancía comprometida.

 

La acusación pública entiende que ambos procesados cometieron un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de estafa, con lo que solicita para cada uno de ellos una condena de seis años de cárcel, el pago de una multa de 6.480 euros y, en concepto de responsabilidad civil, que indemnicen a sus víctimas en las cantidades oportunas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Los acusados, de común acuerdo y con otras personas no identificadas, constituyeron Vallauto Motores SC, carente de actividad, el día 13 de junio de 2011 y abrieron distintas cuentas, al tiempo que crearon una web en la que anunciaban la venta de maquinaria de obra, a pesar de que no disponían de la misma, e insertaron anuncios para llegar a más personas.

 

Asimismo, contrataron varios teléfonos, uno de ellos prepago, a nombre de un hombre que había denunciado la pérdida de su documentación en 2008, y que no tenía relación alguno con los acusados.

 

Al reclamo de sus anuncios acudieron varias empresas interesadas. Para dar más apariencia de realidad, los procesados confeccionaron facturas pro forma con los datos de la sociedad en las que plasmaron un sello y que remitieron a las empresas interesadas, que confiadas realizaron distintos pedidos y abonaron el importe de los mismos.

 

Sin embargo, la mercancía nunca llegó a sus destinatarios, mientras que los imputados cancelaron las cuentas de la mercantil y se embolsaron, supuestamente, cantidades que superan los 130.000 euros.