Nuevo decreto sobre las Escuelas de Doctorado en las universidades de la Comunidad

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Decreto por el que se regula la creación, modificación y supresión de las Escuelas de Doctorado en universidades de Castilla y León.

Las Escuelas de Doctorado --el Doctorado es el tercer ciclo de estudios universitarios oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y habilidades relacionadas con la investigación científica de calidad-- se recogen, por primera vez, en el ordenamiento jurídico de español en 2011 y se definen como la unidad creada por una o varias universidades y en posible colaboración con otros organismos, centros, instituciones y entidades con actividades de I+D+i, nacionales o extranjeras, que tiene por objeto la organización, dentro de su ámbito de gestión, del Doctorado en una o varias ramas de conocimiento o con carácter interdisciplinar.

De este modo, el presente decreto desarrolla la normativa básica estatal en el ámbito de Castilla y León: el texto atribuye a la Junta de Castilla y León la competencia para autorizar la creación, modificación y supresión de las Escuelas de Doctorado, a iniciativa de las universidades.

En el caso de que se trate de una universidad pública, la iniciativa tendrá que estar precedida de la propuesta de su Consejo de Gobierno, previo informe favorable del Consejo Social, y si es una universidad privada la que pide esta autorización deberá ser a propuesta del órgano que dispongan sus normas de organización y funcionamiento.

Se prevé que este expediente se someta al Consejo de Universidades de Castilla y León y a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León para la emisión de los oportunos informes.

El proyecto de ley establece que la financiación de estas Escuelas de Doctorado deberá ser asumida por las universidades, que además deberán comunicar a la Consejería de Educación los casos de participación de las universidades de Castilla y León en Escuelas de Doctorado integradas en universidades ubicadas en otra Comunidad.

Entre la documentación que se exige a las universidades se incluye, en el caso de la creación de las Escuelas de Doctorado, un informe económico relativo a sus costes y financiación mientras que en el supuesto de la modificación, un informe justificativo de la misma y de las consecuencias de la incorporación o desvinculación del ente o entes correspondientes, con especial referencia a las repercusiones económicas y a la financiación de la Escuela de Doctorado.

Finalmente, en el caso de la supresión, se exige un estudio sobre las consecuencias económicas.

El proyecto de decreto consta de una parte expositiva, tres artículos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales; el texto ha sido facilitado a los ciudadanos interesados en el canal de participación Gobierno Abierto de la página web de la Junta de Castilla y León, donde permaneció diez días publicado sin que se recibieran observaciones al mismo. Una vez aprobado este proyecto de decreto, en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.