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Movilización en la cárcel de Brieva contra la privatización de los servicios de Instituciones Penitenciarias

Una privatización que ha comenzado con la seguridad exterior, que tal y como recoge el Reglamento Penitenciario debe estar en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, y que en nuestra región ya se ha implantado en la cárcel de Topas en Salamanca, Valladolid y Burgos. “Una inversión a nivel nacional de 7 millones de euros que deberían haberse empleado para crear plazas de funcionarios de prisiones”, denuncian los sindicatos.

La paralización inmediata del proceso de privatización de Instituciones Penitenciarias, que se ha iniciado con la seguridad exterior, y la finalización de los recortes en los centros, son las reivindicaciones que los sindicatos CC.OO, UGT, CSI-F de Ávila y Castilla y León,  han puesto de manifiesto esta mañana en una concentración a las puertas del Centro Penitenciario de Brieva.

 

Unas movilizaciones que estos sindicatos llevan realizando desde hace un año, y que continuarán si la Administración no se sienta a dialogar con ellos y retiran de la mesa la privatización de los servicios.

 

Hasta el momento, según los sindicatos, el Gobierno Central se ha gastado 7 millones de euros en contratar empresas externas para llevar a cabo el servicio de seguridad exterior de las Instituciones Penitenciarias, que tal y como recoge el Reglamento de las mismas, debe estar en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

 

Lo que deberían haber hecho con este dinero es convocar plazas de funcionarios, ya que estamos sufriendo un déficit a nivel nacional que provoca que no se pueda realizar un trabajo óptimo con los presos para su reinserción y reeducación, y están reduciendo los derechos de los funcionarios como las vacaciones o el derecho a una segunda actividad. Estas privatizaciones sólo atienden a intereses económicos que benefician a las empresas de seguridad, pero no al ciudadano”, manifestaba Teo Movilla, coordinador general de Comisiones Obreras en el área de Prisiones en Castilla y León.

 

En la actualidad calculan desde los sindicatos la necesidad de convocar entre 2000 y 2.500 plazas de funcionarios para poder dar cobertura a las jubilaciones, “que no se están cubriendo las plazas”, y para que los centros de reciente apertura y los que están a punto de abrir puedan funcionar. “Ahora mismo los nuevos centros están funcionando a un 20% de ocupación, por falta de personal”, añaden.

 

SITUACIÓN EN CASTILLA Y LEÓN

 

En Castilla y León, “una de las regiones con la población más envejecida, y en la que por tanto más jubilaciones se van a producir”, los centros de Topas en Salamanca, Burgos y León, “ya están sufriendo la falta de personal”. De los 21 centros en los que se ha implantado la seguridad exterior privada a nivel nacional, tres también son de nuestra región: Topas en Salamanca, Valladolid y León.


En los dos últimos años ha habido entre 60 y 70 jubilaciones de funcionarios de Instituciones Penitenciarias en Castilla y León, y no ha sido convocada ninguna plaza para cubrir estas bajas.

 

EL CASO DE ÁVILA

 

El Centro Penitenciario de Brieva en Ávila de momento no está sufriendo este déficit de personal, dado ha que ha habido una reducción de internas, y al tratarse de una cárcel de mujeres “es un caso excepcional”. Aún así, con el tiempo tendrá los mismos problemas, ya que sus funcionarios tienen una avanzada edad, y siguen sin convocarse nuevas plazas, aseguraban los sindicatos.


Desde los sindicatos también denuncian “la criminalización” a la que les está sometiendo la Administración, vigilando su trabajo en los turnos de noche o abriendo expedientes. “Una situación totalmente inaceptable y que tiene que finalizar ya”, concluían.

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