Montoro da 15 días a las comunidades para 'rascarse el bolsillo' bajo amenaza de quitarles impuestos

El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro.

El Ministerio de Hacienda se dirige por carta a las 12 comunidades que no han cumplido el objetivo de déficit para que hagan los recortes necesarios para ajustar sus cuentas. Incluye la amenaza de

El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 12 comunidades autónomas que incumplieron el objetivo de déficit en 2015, entre ellas Castilla y León, para que en un plazo de 15 días aprueben acuerdos de no disponibilidad de créditos y efectúen las retenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de su objetivo de estabilidad presupuestaria, es decir, que no podrán gastar más de los presupuestado en 2016. Con esto, el Gobierno inicia la aplicación del artículo 25.1 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que prevé que el Estado ejerza las competencias en materia de tributos cedidas a las CCAA, en caso necesario. 

 

En definitiva, estas misivas, firmadas por Cristóbal Montoro, instan a cumplir el déficit y dan dos semanas a las comunidades para decir cómo lo lograrán, al tiempo que recuerdan que con el aumento de los recursos que tendrán en este ejercicio podría ser suficiente para corregir esta desviación sin tener "necesariamente" la obligación de recortar gastos en las cuentas del año corriente. Las comunidades afectadas son: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Valencia.

 

Las cartas establecen los mismos principios y medidas para estas doce CCAA, aunque en cada una de ellas se detallan los datos de la financiación de que dispondrán para 2016 y el aumento de recursos que suponen en relación con los recibidos en 2015. Así, Montoro advierte de que el incumplimiento del plan de ajuste por parte de las CCAA y, por consiguiente, del objetivo de déficit para 2015, da lugar a la aplicación de las "medidas coercitivas" incluidas en los artículos 25 y 26 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

 

Y en cumplimiento de la Legislación, el ministro aplica la primera de estas medidas coercitivas, la recogida el artículo 25.1. En la carta se detalla sólo una parte del apartado "a" de este artículo, la que dice que obliga a aprobar en el plazo de 15 días, a contar desde la recepción de la carta, los acuerdos de no disponibilidad de créditos y a efectuar la correspondiente retención de créditos que garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

 

 

EL ESTADO PODRÍA RECAUDAR LOS TRIBUTOS CEDIDOS A LAS CCAA

 

Pero el citado artículo 25.1 incluye en la redacción completa de su apartado "a" otras medidas coercitivas que no cita expresamente la carta, pero que están en la Ley, según las cuales cada CCAA deberá "detallar" las medidas de "reducción de gasto" que va a llevar a cabo e identificar el crédito presupuestario afectado. Tampoco podrán revocar esas medidas en el año en curso, ni aprobar un incremento de gasto en "cuentas auxiliares" y tendrán un seguimiento específico de la información.

 

Y añade que "cuando resulte necesario" para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la UE, "las competencias normativas que se atribuyan a las CCAA en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado". Las cartas, remitidas ayer y a las que hoy ha tenido acceso Europa Press, suponen dar el primer paso en la aplicación de las medidas coercitivas para que las CCAA cumplan con los objetivos de déficit después de comprobar, con el cierre de 2015, que el déficit público español se había desviado en casi un punto por el incumplimiento de doce CCAA.

 

 

AUMENTO DE RECURSOS EN 2016

 

En estas cartas Hacienda recuerda a las comunidades que para aprobar estas medidas deben tener en cuenta los recursos del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de los que dispondrán en 2016 --a cada una le especifica los suyos--, que supondrán un incremento respecto a los recibidos en 2015, así como los ahorros en los costes financieros de los préstamos con cargo a mecanismos adicionales de financiación como el FLA o el fondo par el pago a proveedores.

 

Castilla y León recibirá 5.985,73 millones del sistema de financiación, lo que supone 311,56 millones más que en 2015 y logrará 17,13 millones en ahorro de costes.