Mínimo gesto de desarme tras dos años de resistencia; Interior lo ve como "un teatro"

Desde que decretase su cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011, ETA ha emitido una decena de comunicados en los que el desarme unilateral nunca era una opción.

 

 

99 DETENIDOS DESDE EL CESE DEFINITIVO

  

Desde que ETA decretó su cese definitivo de la violencia hace más de dos años, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han detenido y puesto a disposición de la Justicia a un total de 99 personas vinculadas a ETA o a su entorno. Podrían haber sido cien los terroristas detenidos de no ser por la operación frustrada para detener al último gran líder de la banda José Antonio Urruticoetxea Bengoetxea, 'Josu Ternera'.

  

Las fuerzas de seguridad estrecharon el cerco sobre él cuando el lunes 15 de julio le vieron entrar en un domicilio en una localidad del sur de Francia cercana a Andorra donde se reunión con su pareja y un hijo de ambos de apenas unos meses. Cuando a primera hora del martes accedieron al lugar para detenerle, el veterano terrorista ya no estaba.

El gesto de entrega de una parte mínima de su arsenal por parte de ETA llega tras más de dos años en los que la banda siempre se resistió a dar ese paso sin la garantía de recibir algo a cambio.

 

No obstante, las presiones de su entorno, de los verificadores, así como el bloqueo de la situación, que afecta directamente a sus presos, han forzado a la organización criminal a tomar esta decisión pese a la indiferencia del Ministerio del Interior que lo considera un "teatro". Desde el Gobierno se han negado en todo este tiempo a entablar una negociación e insisten en exigir a los terroristas su disolución.

  

Desde que decretase su cese definitivo de la violencia el 20 de octubre de 2011, ETA ha emitido una decena de comunicados en los que el desarme unilateral nunca era una opción. Especialmente tajante se mostró en marzo del año pasado cuando aseguraba que esta cuestión "ni ha estado ni está en la agenda ni de ETA ni de la Comisión Internacional de Verificación". En ese mismo comunicado, los terroristas aseveraban que el tema del desarme "queda fuera del mandato que recibió la Comisión de Verificación". Sostenían que eso era responsabilidad de España y Francia a los que acusaba de bloquear la situación.

  

Según ha explicado este viernes el líder del grupo de verificadores, Ram Manikkalingam, ETA cambió de opinión al poco tiempo ya que, según ha dicho, en abril de 2013, solicitó "de manera confidencial" a la CIV "que incluyera en su mandato" la verificación de un proceso "unilateral" de sellado y puesta fuera de uso operativo de las armas, munición y explosivos de ETA.

 

ULTIMATUM DE LOS VERIFICADORES

  

Previamente, los propios verificadores le habían dado un ultimatum a los terroristas ante la falta de avances: si en un plazo de seis meses no había gestos significativos, finalizarían sus trabajos y disolverían la Comisión.

  

Para entonces, las autoridades noruegas ya habían expulsado a los máximos dirigentes de Oslo, donde esperaban entablar una negociación con el Gobierno como consecuencia de su declaración de cese definitivo. Pero el Gobierno rechazó esta posibilidad. ETA pretendía que se siguiese la hoja de ruta de la declaración de Ayete en la que se establecía que, tras el abandono de la violencia, los estados corresponderían con un diálogo sobre las denominadas consecuencias del conflicto.

  

En ese paquete incluía la banda la entrega de sus arsenales junto a otras de sus reivindicaciones históricas como es la situación de sus presos, el retorno de los huidos o la salida de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del País Vasco y Navarra. No obstante, la indiferencia mostrada por el Gobierno ha obligado a ETA a buscar otras alternativas como priorizar una "vía vasca" o renunciar a la amnistía en las cárceles y permitir a sus presos explorar otras opciones para mejorar su situación.

  

En todo este tiempo ETA tampoco ha dado aún respuesta al Foro Social impulsado por las plataformas Lokarri y Bake Bidea, que recomendaron a ETA "el diseño de un proceso controlado, ordenado y consensuado que culmine con el desmantelamiento de armas y estructuras militares de ETA". Defendían que este proceso "a desarrollar en un tiempo prudencial", debería contar "desde sus inicios con la intervención y colaboración de organismos facilitadores independientes que den seguridad de lo realizado tanto a los Estados y sus instituciones como a la sociedad en general".

  

ETA contestó en julio con un primer comunicado en el que aseguraba tener "matizaciones" que hacer a esas conclusiones del Foro Social en torno a las cuáles decía tener además algunos "desacuerdos". En aquel comunicado, la banda emplazaba a un futuro pronunciamiento más en profundidad de aquellas recomendaciones, sin embargo, esa respuesta tampoco se ha producido a día de hoy.

  

Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por Europa Press tienen constancia de que el año pasado los terroristas ya habían grabado un video en el que se mostraba el sellado de un zulo como símbolo de una entrega de armas. No obstante, estas imágenes no llegaron a ser difundidas. No se trataría del mismo video hecho publico hoy ya que, según los verificadores, éste fue grabado en enero.

  

A lo largo de estos dos años han sido muchas las especulaciones y rumores acerca de un desarme sobre el que se llegaron a anunciar fechas concretas sin que en ningún caso se terminasen materializando.

 

EL GOBIERNO PIDE LA DISOLUCIÓN

  

Desde el Gobierno siempre han gestionado estas especulaciones desde la indiferencia y el escepticismo aplicando un discurso de máximos que consiste en exigir a ETA su disolución. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró este lunes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha trazado "la línea roja" que consiste en "mantener la firmeza hasta su derrota final sin condiciones ni concesiones".

  

El ministro precisó que esa "derrota final" pasa por su "disolución, pedir perdón a las víctimas y a la sociedad y entregar las armas". Sobre la posibilidad de un desarme coincidiendo con la visita de los verificadores, Fernández Díaz aseveró que "el tiempo del teatro ya ha pasado". "Lo que esperamos son realidades", zanjó.

  

La ausencia de movimientos por parte de ETA afecta de manera directa a sus presos ya que, desde el Gobierno, afirman que mientras la banda no desaparezca, la política penitenciaria no variará y se mantendrá la dispersión.