Tribuna mini Saltar publicidad
Cartel definitivo iberian file

Méndez niega trato de favor urbanístico a Mahía y alega que jamás ha aprobado algo "sin el informe de los técnicos"

Justifica su patrimonio en las ganancias procedentes de distintas empresas que tenía a medias con un socio de la constructora gallega. 

El alcalde de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), José Manuel Méndez Serijo, ha negado hoy haber dispensado trato de favor a la promotora Bahía Grupo Inmobiliario, a pesar de las numerosas operaciones urbanísticas desarrolladas en el municipio en su etapa de primer edil a partir de 2000, y ha asegurado que su patrimonio no procede de regalo alguno de la constructora investigada sino de las ganancias reportadas por distintas empresas que tenía a medias con José Presas Cobra, casualmente socio de la mercantil gallega.

  

El interrogatorio al entonces alcalde del PAP y hoy independiente ha cubierto buena parte de la primera sesión del juicio iniciado este martes en la Audiencia de Valladolid, cuyo banquillo comparte, en principio, hasta el próximo día 18 con el referido Presas Cobra y otro socio de éste en Bahía, Ramón López Casal; la que fuera apoderada de esta misma mercantil, María Iluminada Miguel Fernández; el desplegado territorial de la Junta y hasta hace unas semanas concejal y diputado del PP, Jesús García Galván, y el todavía hoy arquitecto municipal del Ayuntamiento de Arroyo, Buenaventura Conde Salazar.  

  

En su declaración, Méndez, defendido por Javier Gómez de Liaño y quien se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, ha reconocido la vinculación con Presas Cobra, del que fue socio en numerosas empresas en España, Francia y Portugal dedicadas, fundamentalmente, a máquinas recreativas, pero ha rechazado que tal conexión le hubiera llevado a favorecer a éste desde el punto de vista urbanístico en las operaciones de compra y reclasificación de suelo desarrolladas por Bahía en el municipio.

  

De hecho, el regidor de Arroyo ha insistido en que desde su puesto de alcalde nunca actúa de forma "caprichosa" y que todos sus actos cuentan siempre con el respaldo del personal técnico.

  

"Nunca he aprobado ni llevado a pleno nada que no tuviera informes favorables de los técnicos", ha asegurado Méndez, en alusión a las operaciones urbanísticas promovidas por Bahía en el SAU-13 y el SAU-9 en 2000 y 2005, respectivamente, en el primero a través de un estudio de detalle que propiciaba un aumento de la defectibilidad privada de 23.000 metros cuadrados y en el segundo merced a un convenio que reclasificaba 560.000 metros cuadrados de suelo industrial a residencial para edificar 2.984 viviendas.    

  

Pero además, el fiscal, apoyado en un auto del juez que atribuye al regidor ingresos no declarados a Hacienda por valor de 836.000 euros entre 2003 y 2007 cuya procedencia atribuye a su papel de "mediador" de Bahía, ha interpelado durante más de una hora al acusado sobre el motivo de un supuesto préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas y en metálico recibido en 2001 de la mercantil gallega y sobre el origen de los fondos para la adquisición, entre otros inmuebles, de una vivienda en Villa garcía de Aros, un chalé en Sangren o las dos fincas adquiridas en la lujosa urbanización La Vega de Arroyo.

   En el caso de los 30 millones de pesetas, el interpelado, en declaraciones recogidas por Europa Presos, ha explicado que fue su amigo Presas Cobra, con quien explotaba a medias la empresa Recreativos Dama, el que valiéndose de la relación societaria que mantenía en Bahía con Ramón López Casal, también procesado, logró que éste facilitara al alcalde el referido préstamo personal ante los problemas económicos por los que atravesaba la mercantil de traga perras.

  

Méndez asegura que el dinero lo ingresó en Caja España, donde Dama tenía un descubierto, y lo devolvió, "también en metálico y cuando Dema iba teniendo liquidez", a Ramón López Casal en dos plazos a través de Presas Zobra, la mitad el 24 de julio de 2001 y la otra el 28 de diciembre de ese año, y ello a pesar de que en la contabilidad de Mahía no figuren tales ingresos.

  

"Desconozco a dónde fue a parar el dinero, pero lo que sí puedo asegurar es que para nada fue un regalo", ha aseverado el independiente, cuya línea argumental ha sido corroborada más tarde por José Presas Zobra.

  

También ha rechazado que fuera una prebenda la vivienda que en 2000 adquirió a Mahía en Villagarcía de Arosa, capítulo en el que asegura que la compró sobre plano y pagó al contado, tras firmar un contrato privado, un total de 87.400 euros. En 2004 formalizó la correspondiente escritura pública, momento en el que, según ha reconocido, solicitó un préstamo que destinó a otros fines distintos.

  

Aunque no lo ha podido acreditar, Méndez sostiene que el dinero procede de un banco luso donde tenía cuenta una de sus distintas empresas que luego vendió.

 

COLUMPIOS REGALADOS A "UNO QUE PASABA POR AQUÍ"

  

Entre las actuaciones delictivas imputadas al munícipe figura el haber regalado, sin expediente alguno, unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y de propiedad municipal, al Ayuntamiento de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego.

  

Al respecto, el imputado ha negado que fuera un "capricho" y ha justificado tal obsequio en el hecho de que en la zona se iba a construir un nuevo parque y que aquellos viejos columpios, como así le había indicado el secretario municipal, habían pasado a propiedad de la UTE que se iba a hacer cargo de la ejecución del Proyecto.

  

"Anunciamos a todos los alcaldes de la Mancomunidad de Torozos que había disponibles unos columpios y nadie los pidió", ha aseverado Méndez, quien finalmente, y dado que dicho mobiliario iba a ser tirado en una escombrera, decidió regalárselos a "un concejal de ese pueblo gallego que pasó por aquí y se interesó por él".

  

El proceso judicial continuará mañana con el interrogatorio del resto de acusados, cuyos letrados defensores, al igual que las acusaciones pública y popular, aprovecharon la fase de cuestiones previas para proponer nueva prueba testifical y documental.

  

Pero además, el defensor del exdelegado de la Junta, Jesús García Galván, ha planteado, sin éxito, la nulidad del procedimiento en lo relativo a su patrocinado por falta de tutela judicial y efectiva, al entender que cuando el expopular fue interrogado por el juez ya había sido objeto de una investigación "inquisitorial" de sus bienes tres años antes y por ello, según sostiene, para entonces "estaba ya todo el pescado vendido y había una clara predisposición, no sólo de la acusación popular sino del propio instructor".

 

EL FISCAL PIDE UN TOTAL DE 36,5 AÑOS

  

El Ministerio Fiscal solicita un global de 36,5 años de prisión y el pago de multas por un total de más de 2,1 millones de euros para los seis encausados, mientras que la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, personada como acusación popular, interesa para todos ellos un conjunto de penas que suman un total de 58,5 años de cárcel y el pago de multas por valor global de casi seis millones de euros.

   

Noticias relacionadas