Mateos cree que la sanción por las larvas en comedores escolares es una cuantía "importante" y se cumple la ley

El consejero de Educación de Castilla y León, Juan José Mateos, considera que la sanción impuesta de 134.601 euros a la UTE formada por Serunión S.A. y Grupo Lince Asprona S.L.U. por la aparición de larvas en seis comedores escolares de León y Segovia es una cuantía "importante" que responde a los expedientes abiertos.

Mateos, durante la presentación de los centros 'Yuzz' y el programa 'Jóvenes con ideas', se ha expresado así tras las críticas de sindicatos como Comisiones Obreras, que consideran que esa cuantía es sólo una parte de los beneficios de la UTE y además reclama que la gestión de los comedores vuelva a ser pública.

A este respecto, el titular de Educación ha señalado que la sanción es consecuencia de dos expedientes, uno de Sanidad y otro de Educación, en cumplimiento de la ley sanitaria y la de contratos.

Así, Mateos ha aseverado que es una "cantidad importante" y se ha "cumplido", y lo demás "son apreciaciones", tras lo que ha aclarado que se ha dado a conocer lo más "importante e interesante" sobre la sanción, pero no hay problema en que se conozca "con más detalle", aunque se ha remitido a lo ya explicado al principio de abrirse los expedientes.

"INCIDENTE" ALIMENTARIO

La sanción global de 134.601 euros a la UTE formada por Serunión S.A. y Grupo Lince Asprona S.L.U. se impone tras la aparición de larvas en seis comedores escolares de las provincias de León y Segovia el pasado 9 de octubre de 2014.

Como consecuencia de la comunicación oficial del incidente alimentario -calificado como tal por los técnicos de la Consejería de Sanidad tras la evaluación del riesgo causado por la aparición de larvas en alimentos-- se realizaron diversas inspecciones por los Servicios Oficiales de Salud Pública.

En ellas se constataron distintos incumplimientos de la legislación alimentaria y se levantaron las correspondientes actas de inspección. Derivado de ello, se iniciaron expedientes sancionadores, a tenor de lo establecido en la Ley 10/2010, de 27 de septiembre, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria de Castilla y León, cuya cuantía total es de 89.500 euros.

A estas sanciones impuestas por la Consejería de Sanidad, que ascienden a 89.500 euros, hay que sumar otros 45.101 euros correspondientes al importe global de los dos expedientes -uno por provincia- incoados por la Consejería de Educación.

En este caso, se trata de expedientes de imposición de penalidades derivados de las incidencias detectadas. Estos expedientes son tramitados al amparo de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.