Más de la mitad de los 32 'narcos' de la Operación Yogur de Valladolid han pactado ya condena

La Audiencia Provincial de Valladolid. TRIBUNA

La operación está considerada como una de las mayores llevadas a cabo en Castilla y León contra el tráfico de estupefacientes y la vista se celebrará el próximo 23 de mayo.

La mayor parte de los más de treinta imputados en la 'Operación Yogur' contra el tráfico de drogas que será vista en la Audiencia de Valladolid a partir del próximo día 23 de mayo ha pactado ya con el Ministerio Fiscal una sentencia de conformidad.

 

Aunque inicialmente se había incluso barajado trasladar el juicio a otro escenario más amplio debido al elevado número de imputados, un total de treinta y dos, las negociaciones mantenidas en las últimas semanas entre la acusación pública y los letrados de los implicados se han traducido en "muchísimas conformidades", hasta el punto de que finalmente el juicio podría celebrarse tan solo contra media docena de ellos disconformes con las rebajas ofrecidas, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

La 'Operación Yogur' concluyó en junio de 2015, se desplegó en cuatro provincias de Castilla y León y permitió desmantelar en Roa de Duero (Burgos) el mayor laboratorio de speed descubierto hasta el momento en la región.

 

Se trata del juicio por tráfico de drogas con mayor número de procesados de los celebrados hasta la fecha en Valladolid. Los acusados, antes de los últimos acuerdos alcanzados, se exponian inicialmente a un conjunto de penas que suman más de 250 años de cárcel y multas por importe total de 5.893.745 euros.

 

En concreto, la acusación pública consideraba que los hechos son constitutivos de tres delitos de tráfico de drogas -de las que causan grave daño a la salud, las que no causan grave daño y con la agravante de notoria importancia-, así como de otro de pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas y de moneda falsa para su distribución.

 

Así, a la treintena de procesados, buena parte de ellos con antecedentes por tráfico de drogas y dieciséis de los cuales se encontraban entre rejas, les atribuye en parte tales delitos, de forma que las penas inicialmente solicitadas para cada uno de ellos oscilaban entre los dos años y diez meses de prisión para aquellos con menos responsabilidad, hasta los casi once años, con multas individuales de 400.000 y 849.000 euros, e incluso los doce años de privación de libertad solicitados para Rubén S.Ch. (alias 'Java'), a quien se pedía igualmente una sanción de 600.000 euros.

 

En el marco de esta macrorredada se llevó a cabo una treintena de registros domiciliarios en Palencia, Valladolid, León y Burgos, se  incautaron 229.200 euros en efectivo -parte de ello falsificado-, 170 kilos de hachís, 24 kilos de speed, dos de ketamina, 1,8 kilos de cocaína y diversas cantidades de MDMA, heroína y LSD, una docena de vehículos y diversas armas, además de grilletes, pistolas Taser -de descarga eléctrica- y munición.

 

Desde el laboratorio ubicado en Roa se preveía de droga a compradores de Valladolid, León, Palencia, Medina del Campo, Sahagún, Pedrajas, Mojados o Villamuriel, entre otras localidades. La operación, desarrollada en varias fases, está considerada como una de las mayores llevadas a cabo en Castilla y León contra el tráfico de estupefacientes.