Marinero y Trillo se reúnen con 22 municipios vallisoletanos para informarles sobre la inspección de construcciones

El director general de Vivienda, Ángel Marinero, y el delegado de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo, se han reunido con responsables de urbanismo de 22 municipios vallisoletanos para informarles sobre la nueva Inspección Técnica de Construcciones (ITC), que entró en vigor el 13 de abril, en la que se regula la evaluación periódica del estado de conservación de las construcciones y se determinan las obras necesarias a realizar para cumplir la normativa.

   

Marinero ha explicado que la ITC es una herramienta "nueva" que permitirá adaptar y mejorar más de 70.000 edificaciones en toda la Comunidad. En la provincia de Valladolid, la aplicación de esta nueva normativa afectará principalmente a los municipios más grandes que, junto a la capital, ya contaban con un número importante de habitantes y de edificaciones antes del crecimiento inmobiliario, como Medina del Campo, Tordesillas o  Medina de Rioseco.

 

Por el contrario, afectará en mucho menor medida a los municipios del alfoz de Valladolid que han experimentado un gran crecimiento demográfico en los últimos años, pero cuyo parque de viviendas es mucho más moderno.

 

En la reunión, celebrada en la Delegación Territorial de la Junta en Valladolid, ha participado también el director gerente del Instituto de la Construcción de Castilla y León, José María Enseñat, que expuso las líneas fundamentales de la nueva normativa y su forma de aplicación.

 

La nueva reglamentación sobre la ITC establece una evaluación periódica del estado de conservación obligatoria de las construcciones a partir de los 40 años, desde la terminación de las obras, en todos los municipios de más de 20.000 habitantes y en las de uso residencial de tipología no unifamiliar (bloques de viviendas) en los municipios con población superior a 5.000 habitantes o que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana.

 

La nueva norma atribuye la obligación de inspección a los propietarios (en los edificios en régimen de propiedad horizontal será la comunidad de propietarios), regula el contenido de la inspección, las atribuciones municipales y las actuaciones de los técnicos inspectores en el caso de detectar deficiencias. Los plazos para llevar a cabo la inspección, contados desde la terminación de las obras, serán de 40 años para la primera inspección y 10 años para las sucesivas.