Magdalena Álvarez, imputada por la juez Alaya en el caso de los ERE

Ha imputado a una veintena de cargos y excargos entre los que se encuentra la ministra de Fomento. 

La juez que instruye el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, ha imputado en la causa que tiene abierta a una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentra la exconsejera de Economía y exministra de Fomento Magdalena Álvarez y al ex interventor general Manuel Gómez Martínez, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

 

La magistrada imputa también al actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano Peña, y al ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, el único de los imputados que ya tiene fecha para declarar, concretamente el próximo 25 de julio.  

 

De igual modo, imputa a los exviceconsejeros de Economía y Hacienda, José Salgueiro; de Innovación, Ciencia y Empresa, Jesús María Rodríguez y Gonzalo Suárez, y de Empleo, Justo Mañas, así como al actual director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), Antonio Valverde, y a sus antecesores en el cargo Miguel Ángel Serrano y Jacinto Cañete.  

 

La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla imputa también al ex secretario general técnico de las consejerías de Empleo y de Innovación Juan Francisco Sánchez García, quien también fue posteriormente director de Administración y Finanzas de IDEA; y a los también ex secretarios generales de la Consejería de Empleo Javier Aguado y Lourdes Medina, así como al ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa.

 

La juez imputa en la causa, igualmente, al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera; al actual interventor delegado en Empleo, Juan Luque; a los ex directores generales del IFA Antonio Lara y Francisco Mencía, y a los ex directores generales de Finanzas del propio IFA Pablo Millán y Juan Vela.

 

La juez, que ha tomado la decisión de imputar a todos ellos en virtud de un oficio remitido por la Guardia Civil este pasado 27 de junio, recuerda en su auto que, de manera paralela a otras líneas de investigación, el Juzgado ha continuado analizando el uso de las transferencias de financiación a lo largo del periodo investigado para el pago de las ayudas sociolaborales por IFA/IDEA y las consecuencias que dicho "procedimiento específico" ha tenido tanto en materia presupuestaria como de fiscalización, y en definitiva, "el menoscabo de los fondos públicos que se haya podido producir por la utilización indebida de dicha figura como concepto de financiación".

 

 Al hilo de ello, asevera que, partiendo de que dichas transferencias "son aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta y otras administraciones públicas o entes públicos destinadas a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, o para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que fueron otorgadas, constituirían las mismas una figura absolutamente inadecuada para su uso como subvenciones sociolaborales".

 

"DISPENDIO CONTINUADO DE FONDOS PÚBLICOS"

 

La juez dice que, en virtud del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas, "es claro que la utilización vía modificación presupuestaria o a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, de las transferencias de financiación para el pago de tales ayudas sociolaborales, habría permitido la concesión de subvenciones al margen de su normativa reguladora, en la que se requiere la fiscalización previa por parte de la Intervención".

 

Por ello, la magistrada considera que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo" en la instrucción "y determinar la participación en los hechos investigados de otras personas" que, "en la ejecución de sus respectivas competencias, habrían permitido este uso indebido de las transferencias de financiación, con las consecuencias del dispendio continuado de fondos públicos que indiciariamente se ha venido observando a lo largo de la presente instrucción".

 

Así, y respecto a Magdalena Álvarez, dice que "fue la persona que dictó las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación a través de la orden de 4 de junio de 2003", no obstante lo cual "la transferencia de financiación venía utilizándose para el pago de ayudas sociolaborales desde 1999 a 2001, anualidades en las que las citadas transferencias no se citaban en las leyes de presupuestos como concepto de financiación, pero los créditos para pagos de las ayudas sociolaborales a través de las citadas transferencias se realizaban mediante modificaciones presupuestarias".

 

LA IMPUTACIÓN DE MAGDALENA ÁLVAREZ

 

La juez recuerda que, conforme a la Ley, "corresponde al consejero de Hacienda velar por la ejecución del presupuesto y por los derechos económicos de la hacienda de la comunidad, ejerciendo las acciones económico-administrativas y cualquiera otras que la defensa de tales derechos exijan, con respeto absoluto a los principios de legalidad y eficacia", motivos por los que imputa tanto a Álvarez como a su viceconsejero, José Salgueiro.

 

A continuación, la magistrada señala que durante la época de Magdalena Álvarez, concretamente entre 2000 y 2004, "se creó" en su Consejería la Secretaría General de Hacienda, de la que pasaron a depender la Dirección General de Presupuestos y la Intervención General, situándose al frente a la Secretaría referida Antonio Estepa y como director de Presupuestos el actual viceconsejero de Presidencia, Antonio Vicente Lozano.

 

A juicio de la juez, ambos "tendrían una importante intervención en las referidas modificaciones presupuestarias y en los presupuestos de la comunidad autónoma donde se mantendría durante muchos años las transferencias de financiación como crédito presupuestario para el pago de las subvenciones sociolaborales del programa 31.L", conocido como "fondo de reptiles".

 

"USO INDEBIDO" DE LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN

 

En relación al ex interventor general de la Junta, la juez argumenta su imputación "por el indiciario conocimiento del uso indebido de las transferencias de financiación para el pago de ayudas sociolaborales y de los desfases presupuestarios que ello estaba generando".

 

Respecto a la imputación de los cargos y excargos de IFA e IDEA, así como de los exviceconsejeros de Innovación, la instructora dice que a partir de 2004, el IFA pasó de ser un ente perteneciente a la Consejería de Empleo a depender de Innovación, momento en el que "responsables de la Consejería de Innovación debieron tener conocimiento del déficit de financiación que existía en IDEA de las ayudas del programa 31.L".

 

A modo de ejemplo, señala que, "por ejemplo en el año 2005, en la memoria de las cuentas anuales de dicha agencia, figuraba que se adeudaban más de 95 millones de euros por las subvenciones concedidas por la Dirección General de Trabajo, pues parece ser que desde 2002 a 2010, debido al déficit existente en la financiación de las ayudas, la agencia IDEA tuvo que anticipar los fondos necesarios para realizar los pagos ordenados por la Consejería de Empleo".

 

En el mismo auto, la juez cita a declarar como imputado este jueves al abogado Carlos Leal, del bufete Estudios Jurídicos Villasís, cuya comparecencia estaba pendiente desde que la Guardia Civil realizó la operación 'Heracles' el pasado mes de marzo.

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