Macrojuicio este lunes en Valladolid contra 16 personas acusadas de diferentes estafas

La Fiscalía solicita penas globales que suman 74 años de prisión e indemnizaciones por encima de los 800.000 euros.

Los acusados compartirán banquillo para responder de distintas estafas, unas consumadas y otras intentadas, con motivo de las operaciones de compra de viviendas, vehículos y otros bienes muebles efectuadas entre 2009 y 2010 gracias a las cuales, con el uso de documentación falseada, obtuvieron préstamos por importe superior a 800.000 euros que se quedaron, sin abonar las cuotas de dichos créditos.

 

Los principales acusados, Rafael M.C, Julio J.J. y Gianfranco V, el primero de ellos como presunto 'cerebro' de la organización, el segundo como su hombre de confianza y el tercero con el cometido de dar apariencia real a las operaciones, dado que poseía una inmobiliaria, se exponen a las penas más duras: nueve años de privación de libertad para el 'boss' y ocho para sus compinches, mientras que para el resto las peticiones oscilan entre los cinco y los dos años, con lo que la suma global de todas las penas se eleva a 74 años, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

Además de las correspondientes multas, en concepto de responsabilidad civil los imputados deberán abonar, en distinta medida, indemnizaciones que superan los 800.000 euros para subsanar los perjuicios económicos sufridos por las entidades estafadas: Caixa Galicia, Banco Echeverría, Catalunya Caixa, Santander Consumer, Bankinter y Cetelem.

 

Las operaciones objeto de investigación en la presente causa se registraron durante los años 2009 y 2010, periodo en el que, siempre según la tesis del fiscal, Rafael M.C. dirigió y organizó operaciones de compra de pisos, turismos y otros bienes muebles, desde instrumentos musicales, ropa infantil, recargas telefónicas y disposiciones en gasolineras, mediante la aportación de nóminas y otros documentos falsos para dar apariencia de legalidad.

 

COOPERACIÓN DE 'TESTAFERROS'

 

Para ello contó con la colaboración de sus otros dos supuestos lugartenientes, Julio J.J. y Gianfranco V, titular de una inmobiliaria en la Avenida de Segovia, con los que presuntamente confeccionó nóminas y contratos de trabajo ficticios que entregaban al resto de procesados, éstos en calidad de 'testaferros', para que a cambio de una cantidad determinada de dinero se prestaran a figurar como solicitantes de créditos hipotecarios para la adquisición de los inmuebles y vehículos u otros efectos, como instrumentos musicales, ordenadores, una impresora, ropa infantil...etc.

 

El ardid está en que una vez presentada la documentación y obtenidos los préstamos, los encausados dejaban de pagar las cuotas de amortización y desviaban para sí mismos parte o todo el dinero obtenido en cada operación o se apoderaban de los bienes muebles, sin abonar su importe.