Los recursos de indefensión de las defensas en el 'caso PGOU' podrían demorar el juicio hasta 2017

El llamado 'Caso PGOU' podría retrasarse todavía más. TRIBUNA

Solicitan al juez la causa original para poder calificar y la ampliación de plazo a un mes para cada uno.

El macrojuicio por el denominado 'Caso PGOU', relativo a presuntas alteraciones en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid, en la que figuran como encausados exediles del PP, técnicos y empresarios, podría demorarse hasta 2017 en el caso de que prosperen los recursos presentados por las defensas, que demandan del juez instructor que les entregue la causa original para poder elaborar sus respectivos escritos de calificación.

 

Once de las doce defensas -a excepción del letrado de José Luis Mayordomo, expresidente del Baloncesto Valladolid- han presentado recurso de reforma ante el juez de Instrucción número 1 y, subsidiariamente, de apelación ante la Audiencia Provincial en los que piden que José María Crespo deje sin efecto los trámites de calificación por entender que el auto de apertura de juicio oral les causa indefensión, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

En concreto, aluden a trato de favor recibido tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación popular, ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', en el trámite de calificación ya cumplimentado por ambas partes y solicitan disponer de toda la causa original, compuesta por más de 9.000 folios, además de otros documentos, o en su caso de fotocopias de todo ello para poder elaborar sus respectivos escritos, como así estipula la ley.

 

En el caso de que los recursos fueron estimados y se hiciera necesario entregar la documentación original, el trámite de calificación podría dilatarse un año, en lugar del mes que el instructor ha concedido a todas las defensas, ya que cada uno de los doce letrados dispondría de treinta días para cumplimentar su escrito.

 

MÁS DE 100.000 FOTOCOPIAS

 

En el supuesto de que se acordara entregarles fotocopias, en lugar de la causa original, sería preciso sufragar más de 100.000 páginas impresas -las defensas no están dispuestas a costearlas y podría tener que hacerlo la Gerencia de Justicia-. En este caso, se abriría un escenario distinto pues el juez podría mantener el mes de plazo dado conjuntamente a todos los letrados y no sería preciso dilatar el trámite de calificación durante un año.

 

La resolución de los recursos, en cualquier caso, habrá de ser muy tenida en cuenta por el instructor y, sobre todo, por la Sección Segunda de lo Penal, ya que una posible sentencia condenatoria por parte de la Sección Cuarta, que será el órgano sentenciador, abriría la puerta de la casación ante el Supremo por parte de las defensas alegando nulidad del proceso por indefensión.

 

La únicas partes que han presentado ya sus escritos son las acusaciones pública y la popular. La primera solicita un conjunto de penas que se elevan a treinta y dos años de prisión para trece personas, entre exconcejales, técnicos, arquitectos y empresarios.

 

A los encausados se les acusa de delitos por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.

 

En su escrito de calificación provisional, la acusación solicita las penas más elevadas, cuatro años de prisión, para los principales inculpados e integrantes de la entonces cúpula de Urbanismo, el que fuera concejal de este departamento, Antonio García de Coca, el arquitecto Luis Álvarez Aller y el exjefe del área, Modesto Mezquita, junto con el pago de multas por importe de 37.800 euros e inhabilitaciones en el primer caso por espacio de 43 años para el puesto de edil y para los otros dos de 27 años para puestos relacionados con su actividad profesional.

 

A los tres les imputa un delito de falsedad en documento oficial, cuatro de prevaricación y uno sobre el patrimonio, mientras que al exjefe del Servicio de Planeamiento, José Luis Cerezo Bada, a quien pide también cuatro años, y 19 de inhabilitación, le imputa un delito de falsedad en documento oficial y dos de prevaricación.