Los lobbies piden ser incluidos en la Ley de Transparencia para prevenir la corrupción y dar seguridad a cargos públicos

Fachada Del Congreso De Los Diputados
Reclaman que se dé publicidad a la agenda de trabajo de altos cargos y al resultado de las reuniones entre el Estado y las comunidades


MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), María Rosa Rotondo, ha pedido este martes en el Congreso que los grupos de influencia conocidos como 'lobbies' sean incluidos en la Ley de Transparencia, ya que considera "urgente" que se regule su funcionamiento para así poder prevenir la corrupción y dar seguridad a los cargos públicos que mantienen contactos con estos colectivos.

Esta es la principal petición que ha realizado Rotondo durante su comparecencia en la Comisión Constitucional del Congreso encargada de tramitar la futura Ley de Transparencia, acceso a la información y buen gobierno que el Ejecutivo quiere que esté aprobada antes del verano.

Rotondo ha defendido la función que realizan los grupos de influencia como correa de transmisión entre la sociedad civil y los poderes públicos y ha hecho hincapié en la necesidad de que España los regule siguiendo el modelo que ya está vigente en la Unión Europea y que define las relaciones entre estos grupos y los eurodiputados.

REGISTRO DE LOBBISTAS

Según ha explicado, ese modelo europeo, que incluye un registro de lobbistas, "ha hecho más difícil las puertas traseras, ha introducido normas claras aplicables a los eurodiputados, así como un código de conducta y reglas concretas de acceso a la información".

La asociación de lobbistas española considera que el mejor lugar para incluir esa regulación es la Ley de Transparencia, aunque, de no figurar ahí, apuestan por incorporarla a los reglamentos del Congreso y el Senado o fijarla mediante un acuerdo de las Mesas de ambas Cámaras.

"Los lobbies deben se regulados porque, al introducir transparencia, se reduce la posibilidad de corrupción y se favorece competitividad de las empresas", ha enfatizado, a la vez que ha subrayado que es la "falta de transparencia" la que "daña la democracia" y la economía.

METER EN VEREDA AL TRÁFICO DE INFLUENCIAS

"Pedimos la transparencia absoluta del lobby, que su regulación sirva para meter en vereda a la corrupción y al tráfico de influencias y para separarlo radicalmente del derecho a la participación y libre defensa de ideas y de intereses", ha dicho y, a renglón seguido, ha pedido que se envíe definitivamente al Código Penal la corrupción basada en el tráfico de influencias.

En este punto, ha pedido "valentía" a los legisladores para que "obliguen a todos los profesionales de las relaciones institucionales a firmar un código de conducta que les dé las garantías necesarias en su relación con la sociedad".

Eso sí, Rotondo ha señalado que la transparencia ha de ser "bidireccional", es decir que debe afectar tanto a los grupos de influencia como a las instituciones porque de "regular sólo una parte" la norma quedaría "coja". Sin embargo, no ha especificado qué mandatos deben cumplir los organismos públicos.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

Además, la compareciente ha aprovechado su presencia en el Congreso para dejar claro que "los lobbies no trabajan en la oscuridad ni fomentan la corrupción" y que los tribunales tanto españoles como europeos han dejado meridianamente clara la frontera "entre el lobby y el delito de tráfico de influencias".

En este sentido, ha indicado que "el acto de influir no puede ser equiparado a la alteración del proceso de resolución y sí a la utilización de procedimientos capaces de conseguir que otro realice la voluntad de quien influye".

"No es lobbying --ha afirmado-- influir desde la prevalencia sea esta económica, profesional, familiar, sentimental o política; no es lobbying ofrecer cualquier tipo de contrapartidas por viciar el proceso de decisión; no es lobbying influir en la adjudicación de contratos públicos".

Por último, Rotondo ha propuesto que se amplíen los documentos que la ley prevé que puedan someterse a consulta pública, de manera que se incluyan órdenes ministeriales u otro tipo de resoluciones del Ejecutivo, así como sus programas de trabajo, las agendas de trabajo de altos cargos y los calendarios y el resultado de las reuniones de las comisiones entre el Estados y las comunidades autónomas.