Los jueces piden una legislación más actual para poder luchar contra la corrupción

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes.

El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dice que la Ley procesal está pensada "para el robagallinas" y no para el gran defraudador y reclama reforma.

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha manifestado este martes que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) está "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador", y que ello supone una gran traba para la lucha contra la corrupciónLesmes ha realizado estas manifestaciones durante una intervención en el diario 'La Razón' ante los ministros de Justicia e Interior, Rafael Catalá y Jorge Fernández Díaz; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal y numerosos representantes del mundo de la Justicia, ante quienes ha eludido pronunciarse de forma concreta sobre la deriva que tendrán en los tribunales asuntos como la consulta planteada por Artur Mas o el asunto de las tarjetas opacas de Caja de Madrid.

 

Para Lesmes, "si la Justicia no funciona no hay regeneración democrática", por lo que ha recordado la existencia del Pacto de la Justicia del 2001 y ha reclamado consenso político  para las reformas que son necesarias para mejorarla. "Podrá haber un sinvergüenza en el Banco de España y en la Dirección General de la Guardia Civil -ha manifestado Lesmes en relación con célebres casos de corrupción como el que implicó al expresidente de la entidad reguladora Mariano Rubio y al "caso Roldán- como hubo en otras épocas, pero el ciudadano debe saber que se hará justicia", ha señalado.

 

Según el presidente del Poder Judicial, "los delitos propios de la corrupción son complejos de investigar" y la principal carencia es que nuestro sistema procesal "no es adecuado, porque es muy antiguo"A su juicio, son necesarias reformas tanto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEcrim) como en la que regula la estructura de los tribunales en España "que permitan agilizar". Sobre la posibilidad de que los fiscales instruyan las causas ha dicho que permitiría que numerosos fiscales intervinieran en una causa agilizando las investigaciones, y que hay mecanismos para "soslayar" las críticas por la dependencia jerárquica que existe en esta institución, cuyo fiscal general es designado por el Gobierno.