Los Estatutos de Ciudadanos son claros: un cargo condenado deberá dejar su acta

Si Presencio no lo hace, el Comité Ejecutivo podría promover su cese y si no acata, podría considerarse infracción "muy grave".

Los Estatutos de Ciudadanos contemplan que un cargo público electo en representación del partido deberá poner su cargo, y en su caso el acta, a disposición del Comité Ejecutivo en el caso de que sea acusado por el Ministerio Fiscal, imputado por una serie de delitos o condenado en cualquiera de los dos supuestos anteriores.

  

El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León se ha explicado que corresponde al Comité Ejecutivo Nacional iniciar un posible procedimiento de expediente disciplinario al concejal del partido en el Ayuntamiento de Valladolid Jesús Presencio, que ha sido condenado por un delito contra la Seguridad Vial tras haber dado positivo por alcoholemia el pasado mes de agosto cuando conducía su vehículo particular.

  

El artículo 2.8 de dichos Estatutos, que hace referencia a los cargos públicos (electos) y orgánicos, indica tres supuestos por los cuales los representantes del partido en las instituciones deberán poner su cargo, y en su caso el Acta, a disposición del Comité Ejecutivo.

  

El primero de ellos es si el implicado resulta acusado por el Ministerio Fiscal por la comisión de cualquier delito, mientras que el segundo hace referencia a imputaciones, acusaciones o investigaciones por distintos asuntos como corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o malversación de caudales públicos.

  

El tercer supuesto es que el titular del cargo sea condenado en cualquiera de las dos causas anteriores.

  

Cabe recordar que, según ha confirmado el abogado que ejerce la defensa de Jesús Presencio, el concejal vallisoletano ha sido condenado a una pena de diez meses de suspensión del carné de conducir y a una multa de 2.000 euros por delito contra la Seguridad Vial.

  

El Comité Ejecutivo, que según ha explicado el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, aún no tiene conocimiento de la sentencia podría aceptar la dimisión presentada o, en su caso, promoverá el cese del cargo público u orgánico afectado.

  

Finalmente, el artículo 2.8 de los Estatutos advierte de que la falta de acatamiento por parte del cargo público u orgánico de las directrices ordenadas por el Comité Ejecutivo de conformidad con el apartado anterior, será considerado como falta muy grave 2.6.

  

Este tipo de falta, la más grave de las que se contempla en los Estatutos, implicaría la apertura de expedientes disciplinario y podría conllevar sanciones que van desde la suspensión de afiliación hasta dos años, pérdida del cargo orgánico que estuviera desempeñando, inhabilitación para cargo orgánico del Partido por un plazo no superior a un año o la expulsión.