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Los cargos públicos no aceptarán regalos que superen "usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas"

En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

El Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la nueva ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que cuenta con varios puntos de interés de cara a la actividad política y conocimiento de los ciudadanos.

 


ARTÍCULO 26. PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO

 

1. Las personas comprendidas en el ámbito de aplicación de este título observarán en el ejercicio de sus funciones lo dispuesto en la Constitución Española y en el resto del ordenamiento jurídico y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas.

 

2. Asimismo, adecuarán su actividad a los siguientes:

 

a) Principios generales:

 

1.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos, de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general.

 

2.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público, absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.

 

3.º Respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.

 

4.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones.

 

5.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.

 

6. Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.

 

7. Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

 

b) Principios de actuación:

 

1. Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses.

 

2. Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.

 

3. Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento.

 

4. Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones.

 

5. No se implicarán en situaciones, actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.

 

6. No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente.

 

7. Desempeñarán sus funciones con transparencia.

 

8. Gestionarán, protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos, que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.

 

9. No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.

 

BUEN GOBIERNO, EN VIGOR DESDE ESTE MIÉRCOLES

 

La parte relativa al buen gobierno entra en vigor mañana mismo, una vez que este martes se ha publicado la norma en el BOE. Así, recoge una serie de principios generales y de actuación, entre ellos, desempeñar sus funciones con transparencia, no valerse de su posición en la Administración para "obtener ventajas personales o materiales" o gestionar "adecuadamente" los recursos públicos.

 

Otro de los principios es el de que no aceptarán "para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones". "En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional --prosigue el texto-- se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Publica correspondiente".

 

En ese capítulo la norma consagra un régimen sancionador estructurado en tres ámbitos: infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario.

 

Además, se incorporan infracciones derivadas del incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Por ejemplo, se impondrán sanciones a quienes comprometan gastos, liquiden obligaciones y ordenen pagos sin crédito suficiente para realizarlos, o no justifiquen la inversión de los fondos. Se trata, añade el texto, de un "mecanismo de control fundamental que evitará comportamientos irresponsables y que resultan inaceptables en un Estado de Derecho".

 

La comisión de las infracciones previstas dará lugar a la imposición de sanciones como la destitución en los cargos públicos que ocupe el infractor, la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública. Además, se establece la previsión de que los autores de infracciones muy graves no puedan ser nombrados para ocupar determinados cargos públicos durante un periodo de entre 5 y 10 años.