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Los altos cargos de la Junta deben dimitir si se abre un juicio oral por un delito

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Empleo, Rosa Valdeón. TRIBUNA

Los afectados deberán asimismo abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal y no podrán aceptar ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza.

La Junta de Castilla y León ha renovado este 15 de octubre en el Consejo de Gobierno su Código Ético y de Austeridad aprobado en 2011 en el que se incluye como novedad la determinación de que los altos cargos tanto del Ejecutivo regional como de fundaciones y entidades públicas deberán dimitir en el caso de que se abra un juicio oral por un delito contra la administración pública.

  

La vicepresidenta de la Junta, Rosa Valdeón, ha detallado que el Código, que se incorporará a la futura ley que regulará el ejercicio del alto cargo, afecta a responsables tanto de la Junta como de fundaciones y empresas públicas y establece además que éstos no podrán formar parte de mesas de contratación o de tribunales para la selección de empleados públicos ni de las comisiones de valoración en los procedimientos de concesión de subvenciones en concurrencia competitiva.

  

Según este Código los afectados deberán asimismo abstenerse en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal y no podrán aceptar ningún tipo de regalo o beneficio de cualquier naturaleza.

  

Valdeón ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que el contenido que recoge el Código Ético y de Austeridad se estructura en torno a pilares como la "objetividad, la transparencia, la ejemplaridad y la austeridad".

 

ACTUACIÓN TRANSPARENTE

  

El documento establece una serie de criterios para una actuación transparente, ya que los altos cargos tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública a los efectos de la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

  

Además, los altos cargos comunicarán a la Junta de Castilla y León la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional contra su persona del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito.

  

Los afectados deberán también hacer pública su participación como ponentes en congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos, siempre que su participación se efectúe en su condición de alto cargo y renunciarán a las cantidades que les pueda corresponder por dicha participación y garantizarán la conservación de los documentos que estén bajo su custodia para su transmisión y entrega a los posteriores responsables en el momento en el que finalicen sus funciones.

  

El Código Ético detalla que los altos cargos cumplirán "con diligencia" sus funciones y desempeñarán sus obligaciones de manera ejemplar. Además, tanto en actos públicos, como privados, no deberán adoptar conductas o actitudes que puedan perjudicar la imagen de la administración o entidad a la que prestan sus servicios.

  

El texto también establece que en los dos años siguientes a su cese, las personas que hayan tenido la condición de alto cargo no podrán ser contratados por empresas que sean concesionarias de la Administración de la Comunidad de Castilla y León o que lo hubieran sido mientras ostentaban tal condición, siempre que hubieran participado en el correspondiente proceso de adjudicación.

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