Las ocho cárceles de Castilla y León denuncian tener solo el 77% del personal necesario

La cárcel de Villanubla, en Valladolid. TRIBUNA

Desde UGT aseguran que se cuenta con unos 2.600 funcionarios cuando harían falta cerca de 3.000 entre servicios de seguridad, cocina y limpieza, a expensas de la apertura de la nueva cárcel de Soria.

Las cárceles de Castilla y León necesitan nuevas personas que se encarguen de ellas. No, no es que hagan falta más que llenen las celdas, sino personal autorizado que realice diferentes tareas de seguridad, cocina y limpieza, entre otras. Así lo ha denunciado este miércoles el sindicato UGT de Castilla y León, ya que se vive una situación “precaria” en estos ocho espacios existentes en la región.

 

¿Y por qué? Pues porque en la actualidad entre las ocho presidios –solo Zamora no cuenta con uno- hay hasta 2.600 funcionarios y 196 trabajadores, cuando al menos harían faltan otros 300 más para llegar e incluso sobrepasar los 3.000. Esto, traducido en cifras concretas, supone que las cárceles solo tienen el 77% de los funcionarios que deberían tener por capacidad.

 

“Este problema no ha hecho más que agravarse con este Gobierno. En la actualidad es evidente el déficit de recursos humanos y el deterioro de la imagen de estos empleados”, comenzó la secretaria general de FSP-UGT, Carmen Ámez, ante los medios de comunicación. Y es que según el sindicato en estos últimos la oferta de trabajo público en este sentido ha sido “prácticamente inexistente”, de apenas 400 plazas en los últimos cuatro años.

 

Y por otro lado está una de las medidas que se decidió tomar desde el Gobierno central con la privatización de muchos servicios de estas cárceles. “Se han gastado cerca de 33 millones de euros para un servicio que no aporta nada”, tomó la palabra el responsable federal del sindicato de prisiones de UGT, Jesús Otín. “Es una tarta dividida en cuatro para los amiguitos en una fiesta, pero con todo el respeto a esos trabajadores está sirviendo de más bien poco”, siguió, en referencia a las empresas privadas contratadas para el efecto.

 

Así las cosas, desde el sindicato se advirtió también de una amenaza que se acerca con el tiempo, concretamente con fecha de 2020, momento en el que los funcionarios de las prisiones podrán acogerse a un nuevo proceso que les permitirá pasar a segunda actividad –con menos contacto con los presidiarios- a los 57 años. Y es que en la actualidad cerca del 41% de los empleados ronda en la actualidad los 55 años.

 

Por último se quiso denunciar la situación de la construcción de la nueva cárcel de Soria, “un contrasentido que se esté construyendo e invirtiendo en construcción y no en recursos”, y el nuevo Protocolo contra la Violencia en el Lugar de Trabajo, que no ha llegado a entrar a plena actividad. Por cierto, que en la actualidad hay hasta 5.420 reclusos en los ocho nombrados centros penitenciarios de Castilla y León.