Las multas de 1.000 euros por conducir bebido, recaudatorias e inútiles

Control de alcoholemia

Las asociaciones de automovilistas, descontentas porque las sanciones ya son las más altas de Europa y porque consideran que multar no solucionará el problema. Críticas a la edad fijada para la obligatoriedad del casco en bicicleta.

Las asociaciones de automovilistas se han mostrado divididas sobre las nuevas multas de 1.000 euros aprobadas este martes en el Congreso para aquellos conductores que dupliquen la tasa de alcohol permitida o sean reincidentes. Mientras que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y Dvuelta han criticado el "afán recaudatorio" de la medida, el Real Automovil Club de España (RACE) ha valorado la "proporcionalidad de las sanciones en función del riesgo".

  

"A pesar de que es un problema grave, y a pesar de que se ha suavizado, lo que me preocupa realmente es que no se va a resolver con multas", ha señalado a Europa Press el presidente de AEA, quien se ha mostrado "absolutamente decepcionado" por la reforma. Asimismo, ha señalado que "España ya es el país de la Unión Europea con las sanciones más altas" y ha apuntado que la multa en Bélgica o Francia por algunos positivos en alcoholemia es de 150 euros, mientras que, con esta reforma, serán entre 500 y 1.000 euros.

  

Por su parte, Dvuelta ha asegurado que se trata de "una reforma para recaudar más" y está realizado "a la medida de las necesidades recaudatorias de la DGT y los ayuntamientos, seriamente resentidas por las crisis económica". Para la organización, se trata de "una oportunidad perdida para atacar de frente el problema del alcohol al volante".

  

El director de Seguridad Vial del RACE, Tomás Santa Cecilia, se ha mostrado más proclive a la reforma porque supone una respuesta a la "reivindicación" de que las sanciones sean "proporcionales en función del riesgo" y a la "imprudencia cometida" para que "no paguen justos por pecadores". En este sentido, ha aplaudido que se multen con sanciones más graves a los multireincidentes o a los que, "siendo conscientes infrinjan las normas".

  

En cuanto a la obligación del uso del casco para los ciclistas menores de 16 años cuando circulen por ciudad, ha mostrado su "malestar", ya que, a juicio del RACE, el casco debería ser obligatorio para "todos los grupos de edad con independencia del tipo de vía por el que circulen", por lo que ha calificado de "error que se haya echado para atrás esta medida".

  

Desde AEA, su presidente tampoco se han mostrado de acuerdo con cómo ha quedado redactado el texto porque, aunque "se ha querido desinflar las críticas" que había provocado el proyecto del Gobierno desde algunas asociaciones de ciclistas, "lo que no tiene sentido es la obligatoriedad para los menores de 16 años". "Si el adulto no lo lleva, cómo va a convencer al niño", ha indicado.

  

Dvuelta ha ido más allá y ha indicado que el debate sobre el casco es "puro atrezzo" y no ha tenido "otro objeto que distraer a la opinión pública sobre el verdadero carácter recaudador de la nueva Ley". "Si de verdad se quiere mejorar la seguridad de los ciclistas, habría sido necesario abordar de manera integral la realidad de que el tráfico (eminentemente el urbano) está cambiando a pasos agigantados la circulación", ha opinado.

  

En otro orden de cosas, AEA ha denunciado que durante su paso por el Congreso no se ha aclarado "los falsos positivos" que pueden darse en los controles de drogas con personas que estén medicándose. Asimismo, ha advertido que se ha cambiado la Ley para permitir que la notificación de la denuncia se realice en un momento posterior a la comisión de la infracción cuando "el agente denunciante se encuentre realizando labores de regulación del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo".

   Según Arnaldo, "esta modificación de la ley no tiene nada que ver con la seguridad vial sino con la facilidad de recaudar más multas mediante la imposición indiscriminada de sanciones sin ninguna garantía". Hace tres años, AEA recurrió una ordenanza del Ayuntamiento de Madrid en este sentido y el recurso fue estimado en primera instancia. El Ayuntamiento de Madrid recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo.

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