Las defensas achacan el juicio al intento de Gómez Maroñas de 'sacar' al presidente de Mahía 105 millones

Consideran no válido lo declarado por dicho testigo a quien consideran de "referencia" y frontalmente enemistado con el propietario del grupo. 

Las defensas del presidente de Mahía, Ramón López Casal, y de su exsocio José Presas Zobra consideran que el juicio por el denominado 'Caso Arroyo', que investiga una supuesta connivencia entre el alcalde de dicho municipio, José Manuel Méndez, y la promotora gallega para favorecer la expansión urbanística de ésta responde únicamente a las ansias de venganza del que fuera también accionista del grupo Manuel Gómez Maroñas.

 

Este último, quien en el juicio que se sigue desde el día 9 de julio en la Audiencia de Valladolid se ha convertido en principal prueba incriminatoria contra los seis encausados, al asegurar que Mahía utilizó ingentes cantidades de dinero B para comprar a políticos para así obtener favores, ha sido presentado por las defensas como un "testigo de referencia, ya que todo lo que cuenta es de oídas", y como una persona cuyo testimonio se encuentra viciado debido a su "evidente enemistad" con el máximo responsable del grupo inmobiliario gallego.

 

Precisamente, en tales términos se ha expresado el letrado del presidente de Mahía, Ramón López Casal, quien, en el turno de los informes finales de cuatro de las seis defensas personadas en el proceso, ha apuntado que dicho testigo hostil intentó en su día chantajear a su cliente para que éste le pagara 105 millones de euros a cambio de sus participaciones en la empresa.

 

"Amenazó con armar la 'marimorena' si López Casal no se sometía a sus exigencias", ha asegurado el defensor, que, al igual que el letrado del también imputado Presas Zobra, ha pedido a la sala que considere nula tanto la declaración de Gómez Maroñas como los documentos aportados a la causa por éste, de quien también han recordado ambos abogados que hasta en cuatro ocasiones trató, sin éxito, de personarse en el presente procedimiento como acusación particular.

 

Además de intentar desacreditar al testigo, el letrado de López Casal ha cuestionado la calificación jurídica de los hechos realizada por las acusaciones en lo relativo a los delitos de prevaricación urbanística que se atribuyen no sólo al propio alcalde, José Manuel Méndez; al arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, y al exdelegado territorial de la Junta en Valladolid, Jesús García Galván, sino también a los dos responsables de Mahía y a la apoderada del grupo en Arroyo, María Iluminada Miguel Fernández, ya que, como así ha advertido, sólo pueden responder del mismo los funcionarios públicos.

 

Sin embargo, el defensor ha omitido el detalle de que los acusadores consideran a los tres de Mahía como inductores o cooperadores necesarios de ese delito, no autores del mismo, lo que sí avalaría la correcta calificación de la supuesta actuación delictiva atribuida a los aludidos.

 

A su vez, la defensa del presidente del grupo gallego ha rechazado que los 30 millones de las antiguas pesetas y una vivienda en Villagarcía de Arosa, valorada en 87.400 euros, recibidos de Mahía por el alcalde de Arroyo, así como el chalé por importe de casi 150.000 euros adquirido en Mugardos por el exdelegado territorial de la Junta fueran un regalo o dádiva de Mahía por sus servicios prestados, a lo que ha añadido que de las tres operaciones se guardan apuntes contables en la empresa que atestiguan la percepción en metálico de tales importes.

 

JUICIO MEDIÁTICO DE CARÁCTER POLÍTICO

 

En esta misma línea argumental, el abogado de quien fuera socio de Mahía José Presas Zobra ha incidido en que los seis procesados son víctima de un "juicio mediático de carácter político", en referencia a la condición de dirigentes del PP de Méndez y García Galván en el periodo en que se sitúan los hechos investigados, y también paganos del deseo de revancha de Gómez Maroñas, quien se encuentra enfrentado con el presidente de Mahía en distintas causas civiles y penales en los juzgados de Santiago de Compostela.

 

En cualquier caso, ha recordado que el único delito de su cliente es haber sido socio del alcalde de Arroyo en Reacreativos Dema, antes de que Méndez entrara en la corporación municipal, y haber contado con acciones de Mahía, para añadir que en el primer caso dejó la empresa de tragaperras en 2003 y en el segundo vendió todas sus participaciones en el grupo gallego en agosto de 2002, en pleno 'boom' urbanístico en Arroyo de la Encomienda.

 

Asimismo, el abogado sostiene que su cliente no sólo no fue el artífice de que Mahía pusiera sus ojos en Arroyo sino que no participó en ninguna de las decisiones y proyectos del grupo en el municipio y que su única intervención se ciñe a la mediación que realizó para que la mercantil gallega concediera el polémico préstamo de 180.000 euros a Recreativos Dema, de la que era socio con Méndez, debido a la situación de "desgobierno" por la que atravesaba la sociedad de recreativos y los graves problemas económicos que tenía para cubrir un préstamo en Caja España.

 

El crédito, que no un regalo, fue concedido en 2001 y devuelto por Dema en dos pagos en metálico los días 24 de julio y 28 de noviembre, ha precisado el defensor de Presas Zobra, quien ha recordado que la concesión de préstamos por parte de Mahía entre sus socios era en aquella época una práctica habitual y que incluso el propio Gómez Maroñas entró en este tipo de operaciones en tres ocasiones, una de ellas por importe superior a un millón de euros y otra por 300.000 euros.  

 

"El origen de ese préstamo es totalmente lícito, ni era en B ni era un regalo, y si hubiera respondido a fines espúreos ¿por qué quedó registrado en la contabilidad de Mahía y fue ingresado en Caja España?", ha preguntado el letrado.  

 

Por su parte, las defensas de la apoderada de Mahía en Arroyo, María Iluminada Miguel Fernández, y del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, han solicitado, al igual que las anteriores, un fallo absolutorio, en el caso de la primera tras afirmar que la participación de la procesada se limitó a "actos neutrales propios de su actividad comercial y sin relevancia penal" y en el del técnico por considerar que actuó conforme a la normativa y porque sus informes se ciñeron a una modificación puntual de las normas subsidiarias y a un estudio de detalle, en ningún caso a proyectos que implicasen edificación, requisito este último que exigía el antiguo Código Penal para tipificar delitos de prevaricación urbanística.

 

ESTE JUEVES QUEDA VISTO PARA SENTENCIA

 

El proceso judicial entrará este jueves en su octavo día y es previsible que quede visto para sentencia, ya que la jornada está reservada para los informes de los letrados del alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez, que ejerce Javier Gómez de Liaño, recién designado representante legal de Luis Bárcenas, y del que fuera delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, hasta hace unas semanas portavoz del PP en la Diputación de Valladolid y concejal en el Ayuntamiento de la capital.

 

Los acusadores solicitan, globalmente, para los seis encausados un conjunto de penas que suman 34,5 años de prisión y el pago de multas por importe de casi dos millones de euros.