La verdad del Plan E de Zapatero: un 68% de los contratos adjudicados en Castilla y León, sin compromiso de empleo

Plan E en Salamanca (Foto: http://www.mpt.gob.es)

"El número de proyectos en los que no se contrataron parados fue mayor entre los expedientes en los que no se había valorado este asunto en los criterios de adjudicación (42%) que entre los que sí lo habían en cuenta (27%)".

El 68 por ciento de los contratos adjudicados por los ayuntamientos de Castilla y León con recursos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL) o Plan E se realizaron sin compromiso de contratación por parte de la empresa, con lo que la comunidad encabeza la lista de regiones con menos compromiso de empleo y le siguen Navarra con el 60 por ciento y La Rioja con el 59 por ciento del total.

  

En el ámbito nacional sólo el 15 por ciento de los más de 8.000 ayuntamientos que obtuvieron recursos del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL), creado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en octubre de 2009, priorizaron el número de puestos de trabajo a la hora de seleccionar los proyectos, y finalmente el 43 por ciento de los contratos no incluía ningún compromiso de contratación por parte de la empresa.

  

Así se desprende del 'Informe de Fiscalización sobre las actuaciones realizadas por los ayuntamientos con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local (FEESL)', en el que el organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda analiza 643 proyectos de inversión y 84 actuaciones de interés social realizadas por 400 entidades locales con cargo al Fondo.

  

En el documento, el Tribunal señala que "a pesar de que el empleo fue un objetivo fundamental de la creación" del FEESL, sólo el 15% de las entidades dio prioridad al empleo como criterio de reparto del dinero a la hora de elegir qué proyectos llevar a cabo finalmente.

 

SIN EXIGENCIAS

  

De hecho, el informe refleja que previeron un nivel de contratación "muy inferior" al compromiso que finalmente adoptaron las empresas adjudicatarias de los proyectos, como consecuencia de la no inclusión en los pliegos de condiciones de una cifra de contratación obligatoria para conseguir la financiación.

  

Así, en el 78 por ciento de los proyectos se preveía contratar entre uno y nueve empleados, mientras que sólo en el 1 por ciento de los casos se estimaron necesarias al menos a 50 personas. Sin embargo, finalmente el 43% de los proyectos (3.851 contratos y 6.856 contratos menores) fueron adjudicados a empresas que no asumían ningún compromiso de contratación de parados y un 38 por ciento de los contratos (8.562) fueron adjudicados a empresas que desde el primer momento dijeron que no contratarían a nadie.

  

Este fenómeno se convirtió en la norma en regiones como Castilla y León, Navarra o La Rioja, donde los contratos adjudicados sin compromiso de contratación fueron el 68 por ciento, el 60 por ciento y el 59 por ciento del total, respectivamente.

  

Según el Tribunal de Cuentas, "el número de proyectos en los que no se contrataron parados fue mayor entre los expedientes en los que no se había valorado este asunto en los criterios de adjudicación (42%) que entre los que sí lo habían en cuenta (27%)".

  

Por su parte, otro 13% de los contratos fueron para compañías que se comprometieron a crear un número de empleos inferior a los calculados como necesarios por parte de los ayuntamientos, a pesar de que a la hora de adjudicar los proyectos la normativa obligaba a primar las ofertas con mayor número de empleados; y en otro 13% de los casos la empresa incumplió el compromiso de contratación, lo que afectó a 9.460 parados que no optaron a un puesto de trabajo.

  

Además, mientras que el 69% de los trabajadores contratados en virtud de estos proyectos estaban ya integrados en la estructura de las empresas, sólo el 31% provenía del desempleo. Esto fue posible porque el 29% de las corporaciones locales no incluyó en los contratos esta exigencia mientras que el 21% de los ayuntamientos que sí lo hicieron no previeron penalizaciones ni posibilidad de resolver el contrato en caso de incumplimiento del compromiso de contratación.

 

OTRAS IRREGULARIDADES

  

El organismo fiscalizador también advierte de que el 9% de los parados contratados con el FEESL no constaban como inscritos en los servicios de empleo. Además, en el 17% de los proyectos, el 16% de los trabajadores acreditados como de nueva contratación llevaban contratados más de 30 días antes desde antes del inicio del proyecto, mientras que en el 5% de los proyectos el 6% de los trabajadores acreditados como parados fueron en realidad contratados tras finalizar la obra.

  

No obstante, el informe también señala que el 27% de los trabajadores procedentes del paro y contratados para la ejecución de las inversiones de este Fondo continuaba trabajando el 30 de junio de 2013, y un 11% de ellos lo hacía para la misma empresa que les contrató. El 10% de los trabajadores contratados en el marco de este fondo habían tenido a la empresa contratante como empleado anterior.

  

La media de permanencia en el paro previa a la contratación por parte de los ayuntamientos para los proyectos del Plan E fue de 408 días y el 49% de ellos eran desempleados de larga duración. Sin embargo, el 9% se habían inscrito no más de diez días antes firmar el contrato.

  

El organismo ya había avisado de los mismos hechos con respecto a los proyectos financiados con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), otro proyecto del Plan E que se ejecutó durante 2008.

 

SIN PLANIFICACIÓN

  

El Tribunal de Cuentas afea también en su informe al Gobierno socialista de entonces que seleccionara los proyectos incluidos en el FEESL "sin una planificación adecuada" y sin un elenco de iniciativas de entre las que poder elegir en función de unos criterios previamente fijados, lo que habría "otorgado una mayor garantía de que fueran los que más empleo generaran".

  

De hecho, el organismo cree que más que una "valoración de alternativas" se realizó únicamente un "proceso de decisión" en el que ni los ayuntamientos primero, ni el Ministerio después primaron los objetivos establecidos a la hora de elegir a qué iniciativas destinar la financiación. Algunas corporaciones locales incluyeron en su listado incluso algunos proyectos previstos con anterioridad y que se habían quedado fuera de los Presupuestos ordinarios.

  

El Tribunal detecta también algunas prácticas irregulares o reprochables que se repiten en todos los informes sobre contratación, como un uso excesivo del procedimiento de adjudicación sin publicidad o con contratos menores, lo que provoca bajas respecto del presupuesto inicial menores a las que se consiguen con procedimientos abiertos; una falta de acreditación adecuada de la necesidad de la inversión o la contratación mediante varios expedientes de obras similares o complementarias cuya contratación conjunta hubiera simplificado, agilizado y abaratado el proyecto.

  

Además, el 29% de los ayuntamientos no utilizaron el precio como un criterio de baremación para la adjudicación de los contratos mientras que otro 14% le dio una puntuación muy baja. "Al tener asegurada la financiación, las entidades locales no mostraron un interés directo en que se produjeran bajas (en el precio)", concluye el Tribunal.

  

De hecho, el 39% de contratos se adjudicaron sin bajas y en el resto la baja media fue del 11% aunque se acabó reduciendo hasta el 3% por los incrementos de precio y modificados posteriores, derivados de deficiencias, modificados o retrasos, muchas veces sin justificación.

  

En el informe también se critica la exigencia de proyectos redactados antes de la firma de la encomienda, la inclusión de proyectos que no podían ser financiados con cargo al FEESL, el fraccionamiento de algunos proyectos para no superar el límite de 5 millones por contrato establecido por el Gobierno, o la cofinanciación indebida de algunas iniciativas o de sus gastos derivados, sobre los que el 59% de los ayuntamientos incurrió en "falta de previsión".