La UCCL exige la inclusión inmediata de Castilla y León en el plan de vigilancia

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha mostrado este jueves su sorpresa ante la exclusión de Castilla y León del plan anunciado por los ministros de Interior y Agricultura para incrementar la vigilancia en varias provincias del país con el fin de evitar los robos en explotaciones agraria

Esta organización señala que dicho plan desplegará 275 guardias civiles para incrementar la vigilancia en las provincias incluidas en el mismo. Para sorpresa de esta Organización, el plan en cuestión no incluye a ninguna de las provincias de Castilla y León. 

 

Desde UCCL señalan que "no hace falta incidir, pues han corrido ríos de tinta al respecto durante los últimos meses, en los estragos que están causando entre los agricultores y ganaderos de Castilla y León los incesantes robos en sus explotaciones, robos que incluyen desde herramientas o gasóleo, pasando por cableados y transformadores, material de riego, e incluso tractores agrícolas de gran tonelaje (y valor) como hemos podido ver esta misma semana".

 

Recuerdan que la situación ha alcanzado tal magnitud que los propios agricultores de las zonas afectadas se han visto obligados a realizar patrullas nocturnas organizadas para vigilar sus instalaciones.

 

"Parece ser -manifiestan desde el sindicato agrario- que esta situación, gravísima e insostenible por mucho tiempo, no es suficiente para que las autoridades competentes en la materia, en este caso los Ministerios de Agricultura e Interior, se den por aludidos". Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León aseguran desconocer los criterios que se han seguido para establecer las zonas de vigilancia, "pero es evidente que la estadística pura y dura no debe ser el único criterio a seguir". Desde UCCL exigen que de manera urgente se incluyan las provincias de Valladolid, Zamora, Salamanca y Segovia en el plan, así como otras zonas concretas del resto de provincias de la región.

 

Desde esta organización se realizará una petición formal de reunión con el Delegado del Gobierno para que les informe detalladamente de los pormenores del acuerdo anunciado.

 

En dicha reunión instaran al Delegado a que intervenga de forma activa para que Castilla y León, al menos en las zonas más afectadas, sea incluida en todas las acciones que a nivel estatal se desarrollen para atajar este problema. Además seguiran insistiendo en el endurecimiento de las penas, así como la inclusión de los daños ocasionados y el lucro por venta del material robado a la hora de tipificar los delitos.