La supresión de la paga extra de Navidad de los empleados públicos en 2012 mantiene enfrentados a CCAA y Hacienda

Sobre todo después de que la cartera dirigida por Cristóbal Montoro haya amenazado con llevar a los tribunales a Extremadura y Castilla y León si deciden finalmente pagar esta partida.

Estas dos Comunidades Autónomas han sido las últimas en manifestar su intención de abonar la paga extra suprimida en julio del año pasado, a raíz de que varias sentencias presentadas a nivel particular tanto por funcionarios como por personal laboral les haya reconocido el derecho de cobrar este complemento salarial, o al menos, la parte correspondiente a los días ya cotizados antes de que el Gobierno aprobara en julio de 2012 el real decreto que suprimió la paga.

 

   No obstante, el Ministerio de Hacienda ha insistido recientemente en que hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la decisión del Gobierno vasco de abonar esa paga el año pasado, recurrida por el Gobierno, todas las Administraciones Públicas deberán seguir aplicando el real decreto, sin abonar la extra de Navidad de 2012.

 

   "Cualquier actuación unilateral que se lleve a cabo por estas instituciones será recurrida por parte de la Administración del Estado por incumplimiento del real decreto", advirtió el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, después de los anuncios realizados por Extremadura y Castilla y León.

 

   Dichas Comunidades Autónomas han argumentado, para justificar su decisión, que el Estado de Derecho exige cumplir las sentencias judiciales. Asimismo, han advertido de que de no cumplirlas, sus arcas regionales deberán hacer frente a las costas de los procedimientos judiciales y los intereses de demora que se deriven de no acatar las sentencias.

 

"EL ESTADO DE DERECHO EXIGE CUMPLIR"

 

   Según los datos recabados por Europa Press, se han producido al menos 36 sentencias favorables desde la entrada en vigor el 15 de julio de 2012 del real decreto que establecía la suspensión de la segunda paga extraordinaria del año pasado y fijaba su compensación sólo a partir de 2015. Según las estimaciones CSI-F, el número de sentencias a favor ronda ya el medio centenar, de las aproximadamente 5.000 reclamaciones presentadas, según el sindicato.

 

   La primera sentencia favorable la dictó en enero de este año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). En ella se condenaba a la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) a abonar al personal asalariado los días devengados de la paga extraordinaria de Navidad hasta la entrada en vigor del real decreto.

 

   A raíz de la sentencia del TSJM, otros juzgados de diferentes regiones han ido reconociendo el derecho de los empleados públicos de cobrar al menos la parte de la paga correspondiente a los días previos a que entrara en vigor el decreto. Es el caso de los trabajadores de la empresa que gestiona el agua en Mataró (Barcelona), los del metro de Bilbao, los funcionarios de la Diputación de Palencia, los empleados de la Diputación General de Aragón o del ayuntamiento de Bailén (Jaén) y los de la televisión pública de Ceuta, entre otros.

 

   En Extremadura, por ejemplo, un juzgado de Badajoz estableció la obligación por parte del Servicio Extremeño de Salud (SES) de abonar 44 días devengados con anterioridad a la entrada en vigor del real derecho al enfermero que denunció. También en Badajoz, otra sentencia le dio la razón a una funcionaria del ayuntamiento.

 

   En Castilla y León son también varias las sentencias favorables a los empleados públicos, entre ellas, la que obliga a la Junta a devolver parte de la paga extra de Navidad de 2012 a tres trabajadores del servicio público de Salud de la Comunidad, en concreto de la provincia de Palencia, o la que dio la razón a una empleada del ayuntamiento de Candeleda (Ávila).

 

DEVOLUCIÓN "ÍNTEGRA" DE LA PAGA

 

 

   Fue en noviembre cuando un juzgado de Sevilla emitió por primera vez una sentencia que obligaba a la Administración a devolverle la paga extraordinaria "íntegra" a un empleado del Juzgado de Paz de La Rinconada (Sevilla), convirtiéndose así, según destacó CSI-F, en "el primer empleado público en ganar la batalla jurídica al Ministerio de Hacienda", ya que hasta entonces sólo se había reconocido la devolución de una parte del complemento salarial.

 

   No sólo las Comunidades Autónomas han mostrado su intención de acatar las sentencias. Así, algunos ayuntamientos también se han sumado a esta opción, a raíz de las reclamaciones recibidas, como por ejemplo, el de Soria, el de Villafranca de los Barros (Badajoz) o el de Viladecans (Barcelona).