La reforma administrativa de la Comunidad, en marcha y directa a las Cortes

Soraya Sáenz de Santamaría, acompañada de Juan Vicente Herrera y Ramiro Ruiz Medrano de fondo. BORIS GARCÍA

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera y la vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría, se han reunido este martes en Valladolid para dialogar sobre el proceso.

Es una realidad. La reforma administrativa que se pretende llevar a cabo para Castilla y León, que puede suponer un ahorro de hasta 45 millones de euros y más facilidad para los trámites de los ciudadanos, ya ha arrancado. Hasta 66 medidas que se pretenden tomar –alguna ya está en proceso- de aquí hasta el final del presente año y que tienen como fin la mejora de la economía y una mayor comodidad para los castellanos y leoneses.

 

Y es que esta reforma administrativa supondría eliminar ciertos entes públicos para evitar duplicidades, flexibilizar la política de lo personal, modernizar la administración y mejorar la teletramitación. Toda una mejora para los ciudadanos de a pie, claro. Y este precisamente ha sido uno de los temas clave que han tratado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en una visita exprés de la primera desde Madrid.

 

Una reunión que ha tenido muchos temas a tratar, pero sin duda el de la reforma administrativa ha sido el central. “Queremos que la administración tenga el tamaño adecuado, que sea más eficiente y más ágil, un motor para el crecimiento económico”, explicaba el consejero de la Presidencia José Antonio de Santiago-Juárez para aclarar los términos tratados entre Soraya y Juan Vicente.

 

Y es que la visita de la vicepresidenta tenían como meta tratar el informe de la Cora –Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas- y la manera en la que afecta a Castilla y León, obligando a cambiar al menos treinta leyes de la región. De esta manera, para este mes de marzo se llevará a las Cortes la modificación de estas leyes y que siga adelante el proceso.

 

“Se trata también de buscar la comodidad de los ciudadanos, una administración fácil. Nosotros siempre hemos dejado claro que acatábamos esos términos del informe siempre y cuando suponga un servicio igual o mejor al que ya ofrecemos y nos suponga un coste menor o igual”, ha explicado De Santiago-Juárez. Unas medidas que ya han empezado a tomarse y de las que, pese a la demostración de buenas intenciones del Gobierno, todavía están por desarrollarse.

 

No todo pinta tan sencillo, lógicamente. El consejero de la Presidencia ha reconocido “dudas” a la hora de llevarse a cabo algunos servicios de la CORA, como la Agencia de Evaluación de Títulos Universitarios, algo que podría suponer a las arcas regionales en torno a 2,5 millones de euros, además de la unificación de las licencias de caza que persigue desde hace años Castilla y León, a punto de cerrarse con Castilla la Mancha y Extremadura.

 

En cuanto a la financiación autonómica, otro de los temas tratados por Sáenz de Santamaría y Herrera, De Santiago-Juárez ha explicado que ha sido “un tema tratado, pero no hablado”, ya que es algo “para tratarse en el Consejo de Politica Fiscal y Financiera”.