La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León pide un gobierno que recupere el sistema público

La plataforma explica que las medidades del gobierno de Rajoy sustituyen el carácter de derecho universal de acceso a la atención sanitaria, por el de derecho de acceso sólo a los asegurados, retrotrayéndonos socialmente treinta años atrás.

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León expresa a través de un comunicado  que el Real Decreto Ley de 16/2012, impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, supuso un punto de inflexión en el proceso de privatización y desmantelamiento del Sistema Sanitario Público, que se había iniciado con la Ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión en el Sistema Sanitario Público (SSP).

 

El RD Ley de 16/2012, sustituye el carácter de derecho universal de acceso a la atención sanitaria, por el de derecho de acceso sólo a los asegurados, retrotrayéndonos socialmente treinta años atrás, justo antes de que se aprobara la Ley General de Sanidad de 1986, dejando fuera del SSP a cerca de un millón de personas en el conjunto del  Estado Español.

 

Esta medida fue el marco "legal" que permitió además recortes presupuestarios en más de 10.000 millones de euros, así como la eliminación de 53.000 plazas de trabajadores del SSP: auxiliares, enfermeros, medicos... cuestión que ha supuesto a su vez el incremento brutal de las listas de espera y el deterioro de la calidad de la atención sanitaria.

 

Simultáneamente, y en coherencia con la ideología que está detrás del RD 16/2012, se han visto aumentados y reforzados los nefastos experimentos, siempre favorable a los intereses privados, de colaboración público-privada, que en el caso de nuestra Comunidad Autónoma afecta de forma dramática al Hospital Universitario de Burgos  con una repercusión muy grave, especialmente desde el punto de vista presupuestario, sobre el conjunto del SSP en Castilla y León.

 

La Atención Primaria (AP) en nuestra Comunidad se ha visto muy especialmente perjudicada en los últimos años, ya que los recortes en personal y presupuestarios han sido especialmente intensos. En una Comunidad como la nuestra, con unas características demográficas y territoriales muy especiales (envejecimiento de la población y amplísima dispersión de ésta), los recortes sobre la AP tienen unos efectos especialmente perniciosos.

 

Los resultados de las últimas elecciones del 20D, han expresado que hay una amplia mayoría que rechaza las políticas liquidacionistas del SSP, impulsadas en la última legislatura por el Gobierno del PP. Por esto las Plataformas en Defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León, consideramos que un Gobierno, tenga la composición que tenga, debe derogar el entramado legislativo que ha servido para potenciar el desmantelamiento y privatización del SSP, especialmente el RD 16/2012 y la Ley 15/97 . Así mismo se debe comprometer a recuperar para el sistema  público a los centros transferidos a la gestión privada.