La oposición dice que la contratación de la Escuela de Música “huele mal” y el PP insiste en su legalidad

BORIS GARCÍA

PSOE e IU dicen que el contrato se ha concedido a una empresa “de militantes del PP” y que la Fiscalía lo investiga  y la concejal Domi Fernández se escuda en la “transparencia” y en la legalidad del trámite. 

La Escuela Municipal de Música ha vuelto a convertirse en arma arrojadiza entre la oposición y el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid. El penúltimo capítulo se ha vivido este martes durante la celebración del pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre, con el debate de una moción conjunta propuesta por PSOE e IU, que han señalado a la concejal de Participación Ciudadana, Domi Fernández, como la responsable de la “desastrosa gestión” de este servicio municipal.

 

La oposición ha vuelto a solicitar la dimisión de la edil, quien se ha defendido de las acusaciones diciendo que los cambios producidos en la gestión de la Escuela de Música se hicieron para que fuera “económicamente sostenible” ya ha presumido de que cuenta con 544 matrículas con una gestión “eficiente” y un contrato “transparente y absolutamente legal”.

 

PSOE e IU dicen que la contratación de la cooperativa In-pulso Musical “huele mal” y han recordado que la Fiscalía lo está investigando. Óscar Puente ha asegurado que uno de los socios cooperativistas fue en las listas municipales de León de la Riva y el otro es afiliado al PP y que un mes antes de la contratación la empresa ni existía. Domi Fernández ha leído un escrito en el que el presidente del Partido Popular niega este extremo y la edil ha desvelado que una de las profesoras es “miembro activo de juventudes socialistas y otro, el hijo de una procuradora socialista”.

 

Óscar Puente sitúa en la reforma del reglamento de abril de 2012 el principio del “fin de la Escuela de Música” convertida ahora “en un taller” a juicio del presidente del grupo municipal socialista. Dice que el proceso concluyó “con la adjudicación del servicio a una sociedad cooperativa formada por militantes del PP y que produjo que quebrara la anterior empresa, con 25 profesores en la calle, al escuela cerrada y dos sentencias firmes que condenan al Ayuntamiento al pago de más de 100.000 euros”.

 

Izquierda Unida va más allá y acusa al equipo de Gobierno de “ahogar económicamente” a la anterior empresa hasta producir su quiebra y ha recordado que la Fiscalía investiga indicios de prevaricación y tráfico de influencias”. Por último, Domi Fernández ha recordado que existe una sentencia por el cual se exculpa al Ayuntamiento de “cualquier tipo de responsabilidad en el despido de los trabajadores de la antigua empresa de la escuela de música” y ha acusado a la oposición de “grave deslealtad institucional”.