La 'Operación Yogur' juzga en Valladolid a 4 de los 32 implicados en una red de tráfico de drogas

Los 28 restantes han conseguido una rebaja en sus condenas al reconocer su participación en los hechos que se juzgarán a partir del lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid. 

Aunque inicialmente se había incluso barajado trasladar la vista oral a otro escenario más amplio debido al elevado número de imputados, las negociaciones mantenidas en las últimas semanas entre la acusación pública y los letrados de los implicados se han traducido en "muchísimas conformidades", de forma que en la primera sesión veintiocho 'narcos' confesos darán el sí al acuerdo alcanzado -tras ello abandonarán la sala- los cuatro restantes no conformes con la rebaja ofrecida quedarán en el banquillo para someterse a juicio, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

 

La 'Operación Yogur" concluyó en junio de 2015, se desplegó en cuatro provincias de Castilla y León y permitió desmantelar en Roa de Duero (Burgos) el mayor laboratorio de speed descubierto hasta el momento en la región.

 

Se trata del juicio por tráfico de drogas con mayor número de procesados de los celebrados hasta la fecha en Valladolid. Los acusados, antes de los últimos acuerdos alcanzados, se exponían inicialmente a un conjunto de penas que suman más de 250 años de cárcel y multas por importe total de 5.893.745 euros.

 

En concreto, la acusación pública consideraba que los hechos son constitutivos de tres delitos de tráfico de drogas -de las que causan grave daño a la salud, las que no causan grave daño y con la agravante de notoria importancia-, así como de otro de pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas y de moneda falsa para su distribución.

 

Así, a la treintena de procesados, buena parte de ellos con antecedentes por tráfico de drogas y dieciséis de los cuales se encontraban entre rejas, les atribuye en parte tales delitos, de forma que las penas inicialmente solicitadas para cada uno de ellos oscilaban entre los dos años y diez meses de prisión para aquellos con menos responsabilidad, hasta los casi once años, con multas individuales de 400.000 y 849.000 euros, e incluso los doce años de privación de libertad solicitados para Rubén S.Ch. (alias 'Java'), a quien se pedía igualmente una sanción de 600.000 euros.

 

En el marco de esta macrorredada se llevó a cabo una treintena de registros domiciliarios en Palencia, Valladolid, León y Burgos, se  incautaron 229.200 euros en efectivo --parte de ello falsificado--, 170 kilos de hachís, 24 kilos de speed, dos de ketamina, 1,8 kilos de cocaína y diversas cantidades de MDMA, heroína y LSD, una docena de vehículos y diversas armas, además de grilletes, pistolas Taser -de descarga eléctrica- y munición.

 

Desde el laboratorio ubicado en Roa se preveía de droga a compradores de Valladolid, León, Palencia, Medina del Campo, Sahagún, Pedrajas, Mojados o Villamuriel, entre otras localidades.

 

La operación, desarrollada en varias fases, está considerada como una de las mayores llevadas a cabo en Castilla y León contra el tráfico de estupefacientes, según explicó en su momento el delegado del Gobierno, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

 

CLAN DE MERCHEROS

 

En el caso de la capital vallisoletana, la policía detuvo a numerosas personas, y algunos de los registros practicados se localizaron en el Barrio de España, Rondilla -en concreto en la calle Soto- y La Overuela.

 

En este último barrio se arrestó en un piso de la calle Las Cortes a distintos integrantes del 'clan de los mercheros' o de 'los gatos', como José María M.L, apodado 'Gato'; su esposa Raquel G.C, del clan de los García Carro, y su hijo José Antonio M.G. ('Lolo'), y junto a ellos un hermano del primero, Ángel Miguel M.L, con domicilio en la calle Tierra Baja.

 

En el caso de Palencia, existía un grupo que no tenía en su poder droga pero coordinaba y gestionaba la organización, mientras que en Valladolid existía un punto de almacenaje muy importante desde donde se distribuía, según explicaron en su día fuentes policiales.

 

Los indicios apuntaron a la existencia de una estructura criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y ramificada en cuatro provincias en las que operaba un grupo con un meticuloso reparto de tareas entre sus integrantes que funcionaba con una jerarquía muy definida -desde el 'machaca' con funciones de ayudante y conductor hasta los que dirigían al resto, los que mas poder adquisitivo tenían- y utilizaba medidas de seguridad y costosos dispositivos para tratar de dificultad su detención.

 

'ALMACENES'

 

De esta forma, tras localizar el laboratorio, se detectó que la droga era ocultada en las poblaciones de Aranda de Duero (Burgos) y Valladolid para su distribución final en la capital del Pisuerga, León y Palencia, además de en las localidades vallisoletanas de Medina del Campo, Pedrajas de San Esteban y Mojados, las leonesas de Sahagún, Galleguillos de Campos o Sahelices y la palentina de Villamuriel de Cerrato, entre otras.

 

En estas localidades, para conseguir el control de la venta de droga, los miembros más violentos de la organización llevaban a cabo presuntas agresiones, amenazas con supuestas armas de fuego e incluso utilizaban en sus actividades moneda falsa.

 

Para ello, contaban con diversas armas, entre ellas una simulada que habían manipulado para convertirla en real, otras cuatro simuladas, grilletes como los utilizados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o pistolas Táser de desacarga eléctrica para inmovilizar a personas.

 

Los registros domiciliarios se llevaron a cabo en Palencia (seis), Valladolid (nueve); las localidades burgalesas de Aranda de Duero (uno), Castrillo de la Vega (uno) y Roa (uno); la palentina de Villamuriel de Cerrato (uno); las vallisoletanas de Mojados (uno), Medina del Campo (uno) y Pedrajas de San Esteban (uno), y las leonesas de Sahagún de Campos y Galleguillos (uno en cada caso).

 

La investigación y la operación fue desarrollada por agentes del Grupo III y VIII de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Valladolid, con la colaboración de la VII Unidad de Intervención Policial, guías caninos, y las comisarías de Palencia, Aranda de Duero y León.